Bullrich pagó un millón de dólares por el gas lacrimógeno que le partió la cabeza a Pablo Grillo

El mismo gobierno que dice que “no hay plata” para aumentar jubilaciones o construir puentes y rutas gasta fortunas en todo tipo de armamento para las llamadas “fuerzas de seguridad” como la Policía Federal, Gendarmería o Prefectura.

Desde que asumió Patricia Bullrich su segunda gestión al frente del Ministerio de “Seguridad”, gran parte de esos pertrechos represivos terminan descargándose sobre los cuerpos de miles de jubiladas y jubilados, trabajadoras, trabajadores y estudiantes cada vez que se realiza una movilización contra el ajuste que impone La Libertad Avanza (con acompañamiento de “opositores” políticos y operadores mediáticos).

La dirigente del Frente de Izquierda Myriam Bregman acaba de denunciar que el año pasado Bullrich y sus funcionarios compraron a Fabricaciones Militares Sociedad del Estado casi seis mil cartuchos y granadas de gas lacrimógeno por un valor cercano al millón de dólares.

Varios de esos cartuchos, llamados “de hostigamiento”, fueron disparados el miércoles por Policía Federal y Gendarmería contra la masiva movilización de jubiladas y jubilados, hinchas de fútbol, la izquierda y diversas organizaciones frente al Congreso. Uno de esos disparos, realizado por el cabo primero Guerrero de Gendarmería, impactó de lleno en la cabeza de Pablo Grillo, el reportero gráfico que sigue luchando por su vida.

La brutalidad de Guerrero y sus superiores, violando incluso todo “protocolo” de uso de esas armas llamadas “no letales”, está sobradamente documentada. Tanto que, con el correr de los días, empresas periodísticas como Clarín y La Nación no pudieron seguir reproduciendo el relato sugerido por Bullrich y se vieron obligados a desmentirla.

Evidentemente, para reprimir a quienes enfrentan el ajuste plata sobra. Y encubrimiento también, ya que Milei y Bullrich se niegan siquiera a separar y sancionar al homicida Guerrero. Por el contrario, reivindican lo hecho por sus subordinados, que incluye el accionar de servicios de inteligencia con el fin de justificar la represión ante la “opinión pública”.

Un palo verde en gases

Junto a sus colegas del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) , Bregman realizó un relevamiento de información brindada por el propio Ministerio de Seguridad Nacional respecto a gastos en insumos para las fuerzas federales. La abogada y excandidata presidencial demuestra así cuáles son las prioridades y quiénes son enemigos de La Libertad Avanza .

A fines de julio de 2024 el Ministerio conducido por Bullrich compró 5.875 cartuchos y granadas de gas lacrimógeno a Fabricaciones Militares. Fue vía “contratación directa” (sin licitación) y la transacción se realizó en dólares.

La orden de compra (a la que accedió la Izquierda Diario) lleva el número 347-0007-OC24 y fue ejecutada por la Dirección General de Administración del Ministerio de Seguridad. El proceso de adquisición se inició el 25 de marzo y se terminó de concretar el 23 de julio.

De las 5.875 unidades de gas lacrimógeno que el Ministerio le compró a Fabricaciones Militares, 3.895 son cartuchos de escopeta, calibre 38 milímetros, idénticos a los que le partieron el cráneo a Grillo. El resto son granadas de mano, que también son utilizadas contra la protesta social, como se vio en varias movilizaciones del año pasado.

Cada una de esas municiones se pagó U$S 169, es decir $ 183.872 (tomando un dólar oficial a $ 1.088). La erogación total fue de U$S 992.875, equivalentes a $ 1.080.248.000 (siempre a dólar oficial). Si se tiene en cuenta que en marzo la jubilación mínima (con el bono de $ 70.000 congelado desde hace un año) apenas alcanza los $ 349.000, lo gastado en gas lacrimógeno equivale a 3.095 de esos haberes.

El disparo de dos cartuchos de ese gas lacrimógeno vale más que una jubilación mínima con bono, que perciben 7 de cada 10 adultos mayores. Un haber que, encima, cada vez está más lejos de lo que vale la canasta básica de los jubilados, estimada hoy en $ 1.200.000 por la Defensoría de la Tercera Edad.

Se puede tomar otro ejemplo que desnuda las verdaderas preocupaciones de les estafadores Milei, Bullrich y compañía. El miércoles otra de las víctimas de la represión fue Beatriz Blanco, una jubilada de 81 años que fue violentamente arrojada al suelo por un efectivo de la Policía Federal. El tubo de gas pimienta que portaba en su mano el represor tiene un precio de marcado de $ 250.000, casi lo mismo que un haber mínimo.

Si Pablo Grillo no hubiera terminado en el hospital, hipotéticamente ese miércoles podría haberle “vendido” parte de su producción de la jornada a medios como Clarín, Infobae o Página|12, como hacen todo el tiempo las y los reporteros freelance. Según el tarifario de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (aRGra) , por ese registro hubiera cobrado poco más de $ 80 mil (siempre que el adquirente no recurra al naturalizado “negreo” con el que funcionan las empresas periodísticas). Es decir, la mitad de lo que pagó Bullrich por el cartucho que le partió el cráneo. Una metáfora más que perfecta.

¿Armas menos letales?

Las granadas y los cartuchos lacrimógenos usados por las fuerzas federales pueden tener dos tipos de gas. Uno es el “CS”, de “efecto lacrimógeno, altamente irritante, vomitivo y diarreico”, supuestamente “no tóxico sobre la piel”; el otro es el “CN”, de “efecto lacrimógeno e intenso escozor sobre la piel”, con probable toxicidad. En el prospecto de venta, Fabricaciones Militares dice que el gas se dispersa “en forma de nube de humo disuasiva, continua, uniforme y densa”, atacando “las vías respiratorias, la piel y el sistema nervioso”.

El tubo de aluminio que impactó en la cabeza de Pablo Grillo mide 22,5 centímetros de largo y tiene un diámetro de 38 milímetros (el calibre). Pesa 300 gramos y, lanzado por una escopeta, tiene un alcance de hasta 180 metros. La distancia entre el escopetero Guerrero y el fotógrafo no superaba los 60 metros, es decir que el tubo lo impactó en el momento más potente y veloz de su recorrido. Un arma mortal.

Organismos de derechos humanos de todo el mundo llevan años denunciando el uso indiscriminado de gas lacrimógeno por parte de los Gobiernos contra las poblaciones. Un informe de Amnistía Internacional afirma que “estas armas se llaman ‘menos letales’ en lugar de ‘no letales’ porque, a pesar de que no están diseñadas para matar, existe la posibilidad de que tengan efectos letales”.

Ese informe agrega que “en la práctica, las fuerzas policiales usan el gas lacrimógeno de formas para las que no ha sido concebido, a menudo en cantidades excesivas contra manifestantes mayoritariamente pacíficos o disparando los proyectiles directamente contra personas”. El caso de Pablo Grillo encaja perfectamente en la segunda de esas variables.

La posibilidad de que Bullrich y sus rabiosos perros de presa hagan uso de sus gases, bastones, balas de goma y demás pertrechos es inversamente proporcional a la masividad que alcancen las movilizaciones a las que se busca reprimir. La amenaza de impedir este miércoles una nueva manifestación de las jubiladas y los jubilados puede y debe ser neutralizada.

Como ocurrió en 2024 con las movilizaciones universitarias, o el 1° de febrero contra el discurso machista y homolesbotransfóbico de Milei en Davos, o el 8 de Marzo en el Día Internacional de la Mujer, cuantos más seamos en las calles más rápido se frenará el afán criminal de las fuerzas represivas comandadas por Bullrich. Por eso este miércoles, hay otra cita de honor junto a nuestros adultos mayores frente al Congreso.