A mediados de febrero de este año, desde Periodismo de Izquierda, habíamos alertado sobre las más de 200.000 auditorías para las pensiones por discapacidad, a las que decidimos no llamar por invalidez laboral, ya que no consideramos inválida a ninguna persona con discapacidad. Esta fue una jugada canallesca articulada por el Ministerio de Salud, la ANDIS (cuyo titular es Martín Spagnuolo, abogado de Milei) y el actual gobierno, que ajusta a quienes menos herramientas tienen.
La organización de las auditorías, que comenzaron en abril, estuvo plagada de datos erróneos, pedidos de estudios médicos altamente inaccesibles dado el poco tiempo para la obtención de turnos, y como siempre, con procesos burocráticos. Un gran número de personas con discapacidad y quienes las acompañaban colmaron las clínicas y centros de salud donde se realizaban las auditorías, lo que derivó en el colapso de estos espacios y en confusión a la hora de asignar los turnos.
Por experiencia propia y ajena, hemos evidenciado el trabajo totalmente precarizado del personal de salud, que debía encargarse de coordinar los turnos, tomar asistencia con los números que debían asignar y organizar a la gran cantidad de personas que, al no tener lugar donde esperar, ocupaban los pasillos.
También hemos sido testigos del maltrato del personal de seguridad hacia las personas con discapacidad, una vez más estigmatizándolas y tratándolas como objetos, todo esto habilitado por los discursos discaodiantes que ha expresado el gobierno de Javier Milei en más de una ocasión.
No es auditar, es ajustar
Quienes vivimos en carne propia los recortes que han impulsado todos los gobiernos, y el actual en particular, conocemos en profundidad que el sistema de precarización laboral en la salud y a nivel general, lejos de haberse reducido o solucionado, se ha incrementado como producto de la falta de inversión en salud pública desde el menemismo hasta acá, y más aún con el desmantelamiento del Estado que propone esta secta de estafadores.
Cuando decimos que esta realidad nos toca plenamente, es por conocimiento de causa. El maltrato, la infantilización y la obstaculización que padecen las personas con discapacidad se evidencian en la poca infraestructura y mantenimiento de los espacios, como también en la falta de ascensores o rampas en lugares fundamentales para el desarrollo pleno de nuestras vidas. En lugar de facilitar nuestra vida, la dificultan aún más.
Cuando damos un subtítulo como “No es auditar, es ajustar”, es porque hemos sido testigos presenciales de casos donde hay patologías totalmente visibles: personas que requieren apoyos isquiáticos, como sillas de ruedas, andadores, bastones canadienses, o personas con alguna discapacidad psicosocial, en las que claramente se puede percibir la dependencia de sus acompañantes. Por lo tanto, estas pensiones fueron otorgadas legítimamente, ya que la mayoría de estas personas se ven imposibilitadas de trabajar, no porque “no puedan” o “no quieran”, sino porque este sistema no las incluye ni inserta en el sistema laboral ni en la vida social. Al contrario: las prejuzga, las invalida, y encima de todo esto, existe un gobierno dispuesto a quitarles las pensiones de miseria que cobran.
Además, hoy en día estas pensiones no son compatibles con un trabajo en blanco, es decir, si por alguna de esas casualidades el beneficiario llegara a trabajar de manera formal, la pensión sería suspendida inmediatamente.
Por una transformación social desde abajo y con todos adentro
Como revolucionarios por un mundo no solo más justo e igualitario, sino con los trabajadores a la cabeza de las tomas de decisiones, también entendemos que cuando se habla de que este sistema está totalmente viciado y podrido, excluyendo a las mayorías, muchas veces se pasa por alto que la discapacidad es una minoría invisibilizada. Quienes la viven no han elegido “vivir del Estado”, sino que todos los días tienen que vivir pese a él, a sus contradicciones, su falta de infraestructura, y el constante daño y perjuicio.
Queremos nada más y nada menos que lo que en verdad nos corresponde si queremos una sociedad más justa: igualdad real para que cada habitante de este mundo pueda desarrollar su vida de forma plena y con alta calidad.
Sabemos que estas auditorías no son, como dice el gobierno, pensadas para evitar estafas o para ser minuciosos con las pensiones otorgadas durante el gobierno de Alberto Fernández. De ser así, está claro quiénes deben cobrarlas. Si quisieran ser más efectivos, tendrían que auditar solamente las pensiones otorgadas entre 2019 y 2023, más precisamente en el apogeo de la pandemia. En realidad, sabemos que cada día se avanza más sobre los derechos de las personas con discapacidad, y que tal vez, el día de mañana, den de baja todas las pensiones y creen una especie de Teletón como en Chile, donde una vez por año, los empresarios se apiadan de las personas con discapacidad y donan dinero. Obviamente, como si ya no estuviesen lo suficientemente estigmatizadas, las personas con discapacidad deben lidiar también con la humillación en cámara.
Para lograr levantar la voz de las personas con discapacidad directamente afectadas por estas políticas de ajuste disfrazadas de “control”, tenemos que acompañarlas en sus actividades, incluirlas verdaderamente en el programa revolucionario y hacer que sus palabras sean tenidas en cuenta para solucionar el problema de fondo y de raíz. Está claro: tenemos que organizarnos, llamar a nuestras bases y crear una gran movilización en defensa de las personas con discapacidad, de los trabajadores de la salud y sus familiares. Unir todas las luchas, como la de los jubilados, también cruelmente ajustados; llamar a estudiantes y obreros, llenar las calles y continuar con un plan de lucha, replicando en gran medida las marchas del 1F, del 8M o del 24M, de manera contundente y golpear con un solo puño a un gobierno que, por cada derrota, lanza un nuevo ataque, pero que a los ojos del mundo, día a día, está más débil. Es ahora, en unidad y en la diversidad.
Matias Saiet