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jueves, abril 17, 2025

Crean comisión para analizar la transferencia de la Justicia ordinaria a la Ciudad de Buenos Aires

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En el marco del debate sobre el traspaso de competencias del Poder Judicial de la Nación a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Justicia de la Nación dispuso la creación de una comisión destinada a estudiar y analizar la transferencia. Aunque había sido rechazada por la Justicia nacional, la iniciativa recibió el aval de la Corte Suprema en diversos fallos.

La medida fue oficializada mediante la resolución 179/2025, publicada en el Boletín Oficial, con el objetivo de avanzar hacia el traspaso de competencias.

Esta decisión responde a la necesidad de cumplir con lo establecido en la Constitución Nacional, que desde su reforma de 1994 reconoce la autonomía política y jurisdiccional de la Ciudad. Aquella reforma incorporó a la Ciudad de Buenos Aires como un nuevo actor pleno dentro del sistema federal.

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No obstante, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad se encontraba impedido de revisar las sentencias emitidas por jueces que aplican el derecho común en el ámbito porteño, así como de resolver sobre la admisibilidad de los recursos extraordinarios que llegan a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En enero de este año, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil manifestó “su total y absoluto rechazo” al proyecto impulsado por el Gobierno nacional. Ante esta postura, fue la Corte Suprema la que sostuvo que el TSJ debía actuar como órgano revisor de las sentencias de las cámaras nacionales con competencia dentro del territorio porteño.

Sin embargo, 24 miembros de la Cámara Nacional, junto con integrantes de la Cámara del Trabajo y con el respaldo de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de la Nación (AMFJN), firmaron en ese momento una resolución contraria a las intenciones del Gobierno.

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En ella cuestionaban la iniciativa de promover “todos los actos y suscribir los Acuerdos que sean necesarios para que se efectivice la transferencia de la JUSTICIA NACIONAL a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES en un plazo máximo de TRES (3) años”.

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En cuanto a los objetivos específicos de la comisión, se propone analizar todos los aspectos necesarios para garantizar una transición ordenada y sin interrupciones en el funcionamiento del sistema judicial.

Entre sus tareas figuran la evaluación de las implicancias normativas y presupuestarias, así como la continuidad del servicio de Justicia tanto a nivel nacional como en el ámbito de la Ciudad.

También tendrá como misión identificar los recursos y mecanismos que permitan una transferencia efectiva de competencias, lo que incluye la incorporación de funcionarios, bienes materiales y personal involucrado.

Pese al estancamiento que se arrastra desde hace meses por los cruces entre el Gobierno Nacional, el porteño y el Poder Judicial, la resolución del Ministerio de Justicia enfatiza la urgencia de abordar esta cuestión y avanzar hacia la plena autonomía judicial conforme a lo previsto en la Constitución Nacional.

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En la práctica, la Justicia nacional ordinaria continuará resolviendo determinados casos dentro del territorio porteño hasta que se concrete la transferencia. Sin embargo, la creación de esta nueva comisión representa un paso significativo en la reconfiguración del sistema judicial de la Ciudad, que enfrenta desafíos tanto logísticos como políticos.

El avance de la iniciativa dependerá entonces de la capacidad de las autoridades para alcanzar un acuerdo firme y asegurar que la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires sea efectiva, no sólo en el plano judicial, sino también en todas las áreas que le competen.

Una de las decisiones más recientes en relación con este tema fue tomada por un juez federal, quien suspendió la ley que había creado el fuero laboral en la Ciudad de Buenos Aires a fines de enero. La norma implicaba quitarle competencias a la Justicia nacional del trabajo.

NG

LT

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