El 26 de junio de este año, después de seis suspensiones, la Justicia provincial iniciará el juicio oral para intentar resolver la situación de la ex Mahle, la fábrica rosarina de aros de Presidente Perón al 5600, que en 2009 valía millones de dólares pero terminó con sus máquinas rematadas como chatarra y abandonadas en un predio a la vera de la Circunvalación.
El titular de la empresa que adquirió la planta en 2010, Jorge Basualdo, reclamó un resarcimiento de entre 6 y 15 millones de dólares, y denunció penalmente a dos ejecutivos de la multinacional alemana, Salvador Fornieles e Ivan Piacenzotto, por retener y permitir que se vandalizaran los bienes de la empresa.
Desde que se decretó la formación del juicio oral, en febrero de 2023, se establecieron 6 fechas tentativas para el debate, pero todas se suspendieron.
Según le informó Basualdo a El Ciudadano, “salvo en 2 ocasiones, el motivo de las suspensiones obedecía a que no había jueces suficientes en el distrito Rosario, dándole prioridad a las causas con detenidos”.
Basualdo se presentó en queja ante la Corte Suprema y a los pocos días se confirmó la nueva fecha, la del 26 al 30 de junio de este año. “Estamos confiados en que esta vez cumplirán”, afirmó Basualdo.
Un proceso complicado
Todo el proceso se inició en 2009, cuando la empresa alemana controlante de la industria que había fundado el rosarino Esteban Daneri decidió trasladar la planta a Brasil, tras un conflicto con sus 550 empleados, a quienes despidió e indemnizó.
Por decisión del gobierno nacional, Mahle no pudo trasladar en aquel momento su planta a Brasil, como pretendía, y la vendió a un empresario argentino, Jorge Basualdo, que fabricaba aros en Capital Federal desde 1978, y a sus socios brasileños. El pago fue con una parte al contado y cuotas por el resto.
Desde 2014, devaluación mediante, las cosas se complicaron y empezaron los atrasos con la deuda que exigía la multinacional alemana.En ese marco, Basualdo y sus socios brasileños decidieron presentarse en concurso de acreedores, en 2016, para regularizar principalmente la deuda que todavía tenían con la multinacional alemana. El acuerdo alcanzado en el concurso era bueno y contemplaba pagos a 15 años, con dos años de gracia. La empresa planeaba mudarse a un predio de menor extensión, donde iniciaría una nueva etapa.
Como un requisito para poder homologar el concurso, y tras un pedido de desalojo avalado por el juez, Basualdo devolvió, por lo que entendía que sería un corto plazo, las instalaciones de la empresa a su dueño original. Pero nunca más recuperó las instalaciones y tampoco las máquinas, que con el tiempo fueron vandalizadas y robadas, sin que él pudiera intervenir para evitarlo.