En la era contemporánea, la omnipresencia de la tecnología digital ha generado nuevos desafíos y oportunidades para los derechos individuales y colectivos. La sociedad de la información ha transformado la forma en que interactuamos, consumimos información y nos relacionamos en el entorno digital. En este contexto, los derechos digitales emergen como fundamentales para salvaguardar la protección de los ciudadanos en el ciberespacio y mantener el equilibrio entre la innovación tecnológica y los valores democráticos. Es así que en este mundo, en el que la tecnología y la conectividad se han convertido en pilares fundamentales de la sociedad, los derechos digitales emergen como un componente esencial para garantizar la libertad, la privacidad y la igualdad en esta nueva faceta online de nuestras vidas.
Ya en el año 2018 el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, durante el Internet Governance Forum declaró que “la humanidad debe estar en el centro de la evolución tecnológica. La tecnología no debe usar a las personas, nosotros debemos usar a tecnología para el beneficio de todos”.
Por lo tanto es necesario reconocer la existencia de los derechos digitales como expresión de la transformación digital humanista. Los derechos digitales son la extensión de los derechos de la ciudadanía al entorno digital. Es así que garantizan que los principios fundamentales como la privacidad, la libertad de expresión, el acceso a internet o la igualdad y no discriminación sean protegidos en la era digital con la misma eficacia que en el mundo físico. Su objetivo es adaptar los derechos existentes a los desafíos tecnológicos, asegurando su cumplimiento y fortaleciendo la democracia en la transformación digital.
La carrera por la reforma de la Constitución de la Provincia de Santa Fe de 1962 ha comenzado y estamos en tiempo de descuento: incorporar los derechos digitales en la futura Carta Magna Provincial ya es un mandato.
Con una sociedad cada vez más conectada, el reconocimiento constitucional de estos derechos se vuelve una cuestión de justicia, equidad y desarrollo: Santa Fe ya ha dado el primer paso.
Los derechos
Es posible enunciar cuáles son estos derechos sin que ello implique un numerus clausus: acceso universal a internet garantizando a todas los ciudadanos santafesinos el acceso equitativo; protección de datos personales evitando abusos de parte de empresas u organismos gubernamentales; derecho a la desconexión digital y al anonimato; neutralidad en la red asegurando que los usuarios accedan a contenido sin restricciones arbitrarias; seguridad digital, reforzando medidas contra delitos cibernéticos y protección de información sensible; protección de niños, niñas y adolescentes en el entorno digital; identidad en el entorno digital, la ciudadanía y herencia digital; igualdad y no discriminación algorítmica, eliminando brechas de acceso al entorno digital; el acceso a la información pública por parte de las personas constituye un derecho fundamental y un presupuesto necesario para la participación ciudadana; protección de derechos digitales en el contexto de inteligencia artificial, metaverso y neurotecnología; incorporación de los neuroderechos como un a categoría de DDHH que protegen la privacidad y la autonomía del cerebro frente a los avances en neurotecnología e IA. Su incorporación es clave para garantizar que las personas mantengan el control sobre sus pensamientos emociones y decisiones.
Es clave también el derecho a la educación digital: acceso universal a herramientas tecnológicas en el ámbito educativo, la inclusión de contenidos sobre ciberseguridad, privacidad y ética digital en programas escolares.
En cuanto a la inteligencia artificial, dos pilares fundamentales: transparencia y ética. Exige que los algoritmos sean auditables y que las decisiones automatizadas respeten los principios de equidad y justicia. La mitigación de riesgos evitando los sesgos discriminatorios.
Es fundamental la responsabilidad en el uso de la inteligencia artificial, es decir, definir límites claros sobre el uso de la IA en sectores críticos como la justicia, la seguridad y la salud.
Los antecedentes
A nivel global existen antecedentes constitucionales referidos a la incorporación de la temática tecnológica y los derechos que ello implica. La Constitución Española en su art 18.4 es vanguardista poniendo un límite al uso de la informática en pos de proteger derechos individuales.
Otro antecedente es la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el Reglamento General de Protección de Datos Personales de UE. En América la Constitución de Méjico de 2017 prevé el caso de la democracia digital.
Más recientemente, la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos de 2023 es marco legal declarativo y no vinculante que tiene por objeto promover principios comunes para que sean tomados en cuenta por los Estados al momento de adoptar o adecuar las legislaciones nacionales o poner en marcha políticas públicas reduciendo la brecha digital para alcanzar una sociedad digital inclusiva, justa, segura, resiliente y sostenible. Es un entorno legal que marca un camino a seguir en el ecosistema digital.
Nos encontramos frente a un momento histórico para que el Estado Provincial promueva políticas públicas y marcos normativos que fomenten el desarrollo y uso seguro, ético y responsable de la inteligencia artificial en pleno respeto de los derechos humanos. El diseño constitucional debe gozar de plasticidad para adaptarse y enfrentar las complejidades del fenómeno digital (artificial, cuántico, transhumano, etc.). Santa Fe está encaminada para dar ese paso hacia el futuro digital.
Para ello es imperiosa la convocatoria a la quíntuple hélice convocando a todos los sectores: el público, el privado, la academia, las ONGs, la participación ciudadana en el proceso de reforma constitucional. A partir de allí se garantiza que las reformas sean inclusivas y democráticas, reflejando las necesidades y preocupaciones de la sociedad en la era digital. Nos urge abordar los retos jurídicos relacionados con los derechos digitales de manera integral y colaborativa.
En definitiva, la protección efectiva de los derechos digitales en las constituciones modernas requiere un compromiso continuo con los principios democráticos y los valores fundamentales de la sociedad. El debate está abierto. El desafío está en marcha para la Invencible Santa Fe.
* La autora del texto es Doctora en Derecho (UCA), especialista en inteligencia artificial y cibercrimen
Post Doctoranda en Derecho UNIBO Universidad de Bologna Alma Mater