El fallo de la Justicia estadounidense que ordenó a la Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF, encendió alertas en el Congreso, donde un sector importante de la oposición empezó a mover una serie de proyectos para ratificar que el paquete accionario no se puede tocar sin una autorización del parlamento con una mayoría muy alta y casi imposible de lograr hoy.
Más allá de la apelación del gobierno de Javier Milei ante el fallo de la jueza de Nueva York Loretta Preska a favor del fondo Burford Capital en el marco de la causa donde Argentina ya fue condenada a pagar u$s16.000 millones, varios diputados y senadores sostienen que el Congreso tiene que dar su respuesta a esa decisión judicial.
La razón que esgrimen es que la expropiación del 51% de YPF en 2012 fue aprobada por una mayoría parlamentaria amplia, que excedió al gobierno peronista de Cristina Kirchner. Por otro lado, afirman que toda palabra oficial (no solo la del Presidente, sino también la de los legisladores) es tenida en cuenta en la causa que tramita en los tribunales de Estados Unidos.
Por todo ello el diputado de Encuentro Federal, Miguel Pichetto, quien además era jefe del bloque de senadores peronistas cuando se aprobó la expropiación, aprovechó la polémica que se generó en la sesión de este miércoles en la Cámara baja sobre el tema para anunciar un proyecto que intenta ser una respuesta al fallo y en defensa de YPF.
En paralelo, el senador nacional Maximiliano Abad, líder de la UCR bonaerense, presentó en la Cámara alta otro proyecto de declaración que va en el mismo sentido que el anunciado por Pichetto: ratificar un artículo clave que se incluyó en la ley de expropiación y que, según entienden, implicaría que el fallo de Preska no se puede cumplir.
Juicio por YPF: ¿qué dice la ley de expropiación y cuál es el plan del Congreso para blindar a la empresa?
Apenas inició la sesión en la Cámara de Diputados, la bancada oficialista y aliados del PRO se despacharon con discursos contra el gobernador bonaerense y exministro de Economía, Axel Kicillof, y Cristina Kirchner, a quienes responsabilizan por el fallo adverso.
Pero en medio de los cruces tomó la palabra Pichetto, quien tras aclarar que «es importante lo que haga y diga el Congreso» en este litigio anunció que presentará un proyecto de declaración «ratificar el artículo 10 de la Ley de Expropiación en defensa de las acciones de YPF que están en la Argentina».
Ese artículo de la Ley 26.741 prohíbe la transferencia de las acciones de YPF que tiene el Estado «sin autorización del Honorable Congreso de la Nación votada por las dos terceras partes de sus miembros». Se trata de una mayoría imposible de alcanzar para el gobierno de Milei y para cualquier sector político.
La idea de ratificar ese artículo con un proyecto de declaración es para dar una respuesta institucional al fallo de Preska: el Congreso le estaría avisando a la Justicia de Estados Unidos, en el marco del litigio, que el 51% de las acciones de YPF no se puede entregar así como así.
Pero además, Pichetto remarcó que «estas acciones hacen a la soberanía» y que «el marco de la ley no puede ser vulnerado porque para tal fin se requiere dos tercios de esta Cámara y dos tercios del Senado», al tiempo que expresó la predisposición de su bloque para cosensuar con otros sectores un proyecto que vaya en esa línea.
Los argumentos de diputados y senadores: ¿por qué no se podría cumplir con el fallo de Preska sobre YPF?
El experimentado legislador también pareció hablar en defensa de su propia tarea como jefe del bloque que empujó la ley de expropiación de YPF por orden de Cristina Kirchner, frente a las encendidas críticas que pronunciaron en el recinto los diputados de La Libertad Avanza y algunos del PRO contra el kirchnerismo, pero también contra todos los legisladores que votaron a favor, entre lo cuales también hubo radicales, lilitos y más.
Al respecto, Pichetto planteó que «hay que analizar las circunstancias del pasado» porque la ley obedeció a «la desinversión que estaba haciendo Repsol» en YPF, a «la situación que estaba viviendo Argentina, importando combustible por 10 mil millones de dólares» y también a «la aparición de Vaca Muerta como un proyecto de desarrollo» que, según remarcó, «hoy permite que el gobierno de Milei tenga un horizonte muy interesante».
El actual diputado también subrayó que la ley se aprobó con «mayorías aplastantes», como el «76% de los votos» en el Senado, y apuntó: «Por lo tanto, el pasado hay que analizarlo en el marco de esa coyuntura, con una visión inteligente, un poquito más la historia hay que entenderla, sino traspolamos y venimos a hacer la crítica acá que hacen algunos periodistas en televisión que tampoco entienden nada».
No obstante, el dato saliente es que casi al mismo tiempo que Pichetto anunciaba su proyecto en Diputados el radical Abad presentaba el suyo en el Senado, con el mismo fin de ratificar «la inmunidad soberana que se desprende del artículo 10 de la Ley 26.741, que regula la expropiación de acciones de YPF SA».
«El cumpimiento de la sentencia implica un avasallamiento al principio de inmunidad soberana y de no injerencia en los asuntos internos de nuestro Estado», remarca el proyecto de Abad al que accedió iProfesional.
Desconfianza en la oposición sobre el rol que jugará el gobierno de Javier Milei en el litigio
Se sabe que la UCR es el partido históricamente más vinculado a la defensa de YPF como empresa insignia de Argentina y a la participación del Estado nacional en ella. Pese a la acción concreta que tomó Cristina Kirchner, YPF es una causa del partido radical desde 1922. El proyecto de Abad busca seguir esa línea.
El argumento del senador radical es que «ninguna corte extranjera puede obligar a la Argentina a actuar contra su Constitución y sus leyes» y que, debido a lo que establece la ley sobre la transferencia de las acciones de YPF, «el fallo es jurídicamente improcedente y políticamente inaceptable».
Además, el senador sostuvo que «con esta interpretación normativa» el Gobierno nacional puede «consolidar la defensa jurídica del país en los tribunales internacionales» durante el proceso de apelación al fallo de Preska.
Lo que ocurre es que hay varios legisladores que desconfían del gobierno de Milei y de su capacidad para apelar el fallo y defender el control del Estado nacional sobre YPF, según deslizaron a iProfesional fuentes parlamentarias. Dicen que eso es lo que está detrás del empuje que empezaron a darle a estos proyectos.
Más allá de la pelea política local en la cual se enmarca el discurso del Gobierno, los más desconfiados creen que las críticas al kirchnerismo y en especial a Kicillof con las que los libertarios inundaron todos los medios y redes sociales en los últimos días abonan -con o sin intención- los argumentos del fondo litigante y se alinean con el fallo adverso para el país.
Cruces en Diputados: cómo fue la reacción de los libertarios tras el fallo
De hecho, la caótica sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados empezó con cuestiones de privilegio (quejas formales) del arco oficialista por el fallo contra Kicillof y encendidos discursos contra el kirchnerismo en general. El puntapié inicial lo dio Damián Arabia, diputado del PRO alineado con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
«No alcanza con que, simplemente, hagan los desastres económicos, las causas de corrupción y la cantidad de cosas en las que nos han hundido a los argentinos en los momentos en los que gobiernan, sino que permanecen a lo largo del tiempo», disparó Arabia al tiempo que calificó la expropiación de YPF como «una de las más grandes estafas de nuestro país».
A su turno, el libertario Santiago Pauli sostuvo que «la autoría de esta estafa fue de Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof» pero apuntó también contra «los 208 diputados y 63 senadores que avalaron este robo, estafa, o mala praxis».
Esto fue lo que llevó a Pichetto a hacer un repaso histórico de la expropiación, pero también puso en alerta a diputados de otros bloques, como el radical Pablo Juliano, de Democcracia para Siempre, quien le reclamó a los oficialistas «ser responsables» con la cuestión.
Tras recerodar que la UCR ya se habia opuesto a la privatización de YPF en 1992, Paulón advirtió: «A YPF la tenemos que cuidar todos (…) No se hagan los cocoritos. Rechacemos la sentencia de la jueza«. En esa línea, reclamó un pronunciamiento del Congreso para no ceder el 51% de la petrolera, tal como luego anunció Pichetto.
A su turno, la diputada de la Coalición Cívica (CC) Paula Oliveto pidió cautela con el tema mientras se discutía en la Justicia extranjera: «Lo que pasa en este Congreso después es usado por la parte que le conviene según sus intereses. Debemos entender el peso que tiene la palabra de un diputado en este Congreso, cuando tenemos la causa en Nueva York. Debemos ser serios».
Es precisamente con ese mismo argumento que los legisladores de la oposición más dialoguista buscan ahora avanzar con un proyecto que sirva como respuesta institucional del Congreso al fallo con la intención de blindar las acciones de YPF e impedir que, bajo cualquier circunstancia, la Argentina pierda la que hoy es una de las tres empresas más importantes del país.