En un giro en su estrategia, el Gobierno nacional decidió poner en pausa la privatización de Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE) y lanzará un ambicioso plan de inversiones por más de $52.798 millones para modernizar la red ferroviaria. La medida se produce tras concluir que, en su estado actual, la empresa “no es rentable para el sector privado” y que una concesión no tendría interesados en las condiciones presentes.
De acuerdo con documentos oficiales, el cuadro financiero de la compañía es crítico: los ingresos estimados para este año alcanzan los $83.801 millones, frente a un gasto operativo de $1.062 billones, lo que arroja una pérdida proyectada de $978.773 millones. Además, la planta de 23.271 empleados implica que el 74,3% del gasto total corresponde a salarios.
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El Gobierno sostiene que la tarifa que pagan los usuarios cubre apenas el 7,8% del costo real del servicio, mientras que el 92% restante se financia con transferencias estatales.
“La única forma de hacerla rentable es echando más de 10.000 personas y subiendo la tarifa. Pero por el momento no está previsto”, admiten en el oficialismo.
Por ahora, la única privatización ferroviaria que sigue en agenda es la de Belgrano Cargas.
Un plan para “ponerla en valor” antes de privatizar
Según una investigación periodística, en el marco de la Emergencia Ferroviaria, el Ejecutivo elaboró un “plan ferroviario” para elevar la rentabilidad de Trenes Argentinos a través de mejoras en infraestructura y equipamiento, con el objetivo de que, a mediano plazo, pueda considerarse su venta o concesión.
Del total de la inversión prevista:
- $42.617 millones se destinarán a obras en vías y puentes.
- $10.182 millones irán a la compra de locomotoras, trenes y otros equipos.
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Entre las intervenciones más urgentes se encuentran la implementación del sistema de frenado automático (ATS) en las líneas San Martín, Sarmiento y Mitre, y la renovación de vías en los ramales La Plata, Tigre y Belgrano Sur.
Con este giro, el Gobierno apuesta a fortalecer el servicio ferroviario antes de volver a abrir la puerta a la participación privada, en un sector que atraviesa serias dificultades financieras pero que sigue siendo clave para la conectividad del país.
GD