En Alemania ya no hace falta cometer un delito para ser eliminado de la política. Basta con leer los libros equivocados, citar a los autores equivocados o asistir a las conferencias equivocadas.
Joachim Paul, diputado regional en Rheinland-Pfalz, profesor, escritor y candidato del partido AfD (Alternativa para Alemania) a la alcaldía de Ludwigshafen, debía competir en septiembre de 2025, pero en su lugar fue vetado.
No fue un juez quien lo apartó, no fueron los votantes, sino que fue el comité electoral municipal, presidido por la propia alcaldesa en funciones, Jutta Steinruck, siguiendo un informe del Verfassungsschutz (el servicio de inteligencia interno alemán), oficialmente encargado de »proteger la Constitución», pero en la práctica, convertido en una policía política que neutraliza a los opositores patriotas antes de que lleguen a las urnas.
El procedimiento fue tan rápido como cínico: el 18 de julio, Steinruck envió al Ministerio del Interior regional »indicios» de que Paul carecía de la lealtad constitucional necesaria para postularse; el 29 de julio, el ministerio, en manos de un miembro del SPD, le remitió un dossier de once páginas del Verfassungsschutz con »pruebas» tomadas de fuentes públicas. El 5 de agosto, el comité electoral, bajo la misma presidencia, ejecutó la exclusión del rival incómodo.
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Para un lector argentino, el método resulta familiar: un candidato fuerte eliminado por acto administrativo antes de enfrentarse a las urnas, como en las proscripciones políticas que la región conoce bien. La diferencia es que aquí no hablamos de un país frágil o bajo tutela internacional, sino de Alemania, vendida durante décadas como modelo impecable de Estado de derecho.
El expediente no habla de corrupción, violencia o fraude. Acusa de ideas y símbolos: artículos en medios conservadores sobre Tolkien (El Señor de los Anillos) y el »Cantar de los Nibelungos»; un curso en línea sobre esta obra medieval; una cita a Karl Martell, el líder franco que en el siglo VIII detuvo el avance islámico en la batalla de Tours; el uso del término “remigración” para el retorno de inmigrantes ilegales o no integrados; la asistencia a conferencias de asociaciones estudiantiles nacionalistas; el apoyo al »Stolzmonat» (Mes del Orgullo Nacional), una campaña patriota frente al Pride Month globalista.
Incluso considera sospechoso que organizara un mercado de libros donde un anticuario ofrecía ediciones de Ernst Jünger o Hofmannsthal. En esta lógica, vender un ejemplar de El libro alemán de lectura por 64 euros es ya una amenaza para la república.
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El »Cantar de los Nibelungos» es una epopeya alemana del siglo XIII que narra la historia de Siegfried, un héroe que mata a un dragón, conquista un tesoro y muere traicionado. Es un canto a la lealtad, el honor y la tragedia, sin finales felices: todos los protagonistas caen.
Durante siglos fue parte central de la cultura germana, equivalente en peso simbólico al Cantar de Mio Cid en España. En el artículo incriminado, Paul criticaba que el gobierno regional no aprovechara el rodaje de la película Hagen – Im Tal der Nibelungen como oportunidad para proyectar la imagen de Renania-Palatinado.
En esta, se describe a la historia como la de »grandes hombres y mujeres que hacen lo que hay que hacer, porque se mantienen fieles a sus valores y, con ello, a sí mismos». Para el Verfassungsschutz, esa descripción no es literatura: es »nacionalismo peligroso».
La acusación roza lo absurdo cuando se añade que, en 2022, Paul comentó la serie de Amazon Los Anillos de Poder, estableciendo paralelismos entre el nacionalismo y la »Revolución Conservadora» de la Nueva Derecha.
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La lectura política de Tolkien tiene larga tradición, de Elémire Zolla a Michel Houellebecq, pasando por Giorgia Meloni, pero para los burócratas de Maguncia recordar que los pueblos de la Tierra Media luchan por su supervivencia ya implica un »concepto étnico de pueblo». Vista así, la institución empieza a parecerse más al Ojo de Sauron que a un guardián de la Constitución.
El informe también tacha de inconstitucional, que Paul describa la degradación del barrio Hemshof, atribuyéndola al alto porcentaje de inmigrantes y a la dependencia de ayudas estatales. En esta lógica, incluso decir lo evidente se convierte en extremismo.
Desde que el gobierno federal, bajo la entonces ministra del Interior Nancy Faeser, impulsó la clasificación de la AfD como »extremista confirmada», el Verfassungsschutz ha perfeccionado una hermenéutica del sospechoso: no se sancionan actos, sino atmósferas; no se combaten argumentos, sino asociaciones mentales.
Ludwigshafen, escenario de este veto, es una ciudad postindustrial con altos índices de criminalidad y tensiones étnicas. Allí la AfD obtuvo más del 20 % en las últimas elecciones nacionales.
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En Oggersheim, distrito natal del excanciller Helmut Kohl, incluso ganó. Para las élites políticas, que su candidato llegara con opciones reales a la alcaldía era inadmisible. Así, la democracia alemana evitó el riesgo de perder en las urnas eliminando al candidato antes de que pudiera competir. Que esto ocurra en Alemania, país que en América Latina se presenta como ejemplo de Estado de derecho, debería encender todas las alarmas.
En Estados Unidos, un político puede postularse incluso con 91 cargos penales. En Israel, un primer ministro puede seguir en funciones durante una guerra. Dentro de Alemania, interpretar una epopeya medieval puede bastar para ser declarado incompatible con la democracia.
No es un fallo del sistema: es su función. Un sistema que no derrota a sus adversarios, los clasifica; que no censura opiniones, las etiqueta; que no teme a las ideas, teme al significado que puedan tener.
Y si incluso quien solo habló de Siegfried ya no puede presentarse, la política ha dejado de ser una competencia de ideas para convertirse en un trámite burocrático vigilado por el Ojo que todo lo ve.
Desde la AfD lo resumen con crudeza: lo ocurrido en Ludwigshafen es un acto de quiebre constitucional que no resistirá el escrutinio judicial.
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Denuncian que la alcaldesa Steinruck (exmiembro del SPD) encargó personalmente el informe del Verfassungsschutz, posiblemente en coordinación con el ministro del Interior socialdemócrata, para justificar lo injustificable: que escribir sobre la saga de los Nibelungos o interpretar a Tolkien desde un ángulo conservador sea motivo de exclusión electoral.
Advierten que si esta decisión se consolida, sentará un precedente peligroso para todo el país. Y prometen dar la batalla, no solo por su candidato, sino por el derecho al voto de ese 23,4 % de ludwigshafenses que, guste o no al establishment, ya los eligió como segunda fuerza política.