Tras años de demoras, la causa contra la cúpula de Surrbac avanza hacia juicio oral en Córdoba por presuntas maniobras de desvío de fondos. La Cámara Federal rechazó un recurso que impedía integrar el tramo de lavado con otros hechos y facilitó un proceso penal unificado y exhaustivo. La decisión permite investigar en conjunto conductas que la fiscalía describe como uso del sindicato para beneficio privado y enriquecimiento ilícito.
Entre los enviados a juicio aparecen los históricos líderes del sindicato de recolectores, Mauricio Saillén y Pascual Catrambone y familiares que la fiscalía señala como presuntos beneficiarios de operaciones irregulares. La elevación a juicio agrupa causas por asociación ilícita, defraudación y usura agravada para un examen integral de las responsabilidades. Los fiscales sostienen que la mutual y la obra social habrían sido utilizadas como canales para derivar recursos hacia allegados de la conducción.
El tribunal, con los votos de Falcucci y Díaz Gavier, suspendió el juicio hasta completar la investigación por lavado. Esto buscaba un juzgamiento integral que incluyera los delitos previos de la causa principal, como asociación ilícita y defraudación. La medida permitió abordar todos los hechos conexos de manera simultánea y coherente, incluyendo la usura agravada.
En el mismo fallo, por unanimidad, Falcucci, Díaz Gavier y Asís rechazaron que los sindicalistas no pagaran 751 mil dólares. Saillén y Catrambone ofrecieron 30 mil al querellante Diego Venancio Ferreyra y 70 mil al Surrbac. Los 651 mil dólares restantes fueron ofrecidos por los acusados y otros miembros para donarlos a instituciones públicas.
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Juicio integral y antecedentes procesales
La Cámara convalidó el rechazo a la nulidad planteada por uno de los imputados y así respaldó la continuidad del proceso hacia la instancia oral. Los magistrados consideraron que no había vicios formales que impidieran incorporar el tramo de lavado en la misma causa principal. Ahora el expediente debe ser remitido al tribunal oral para que fije plazos, testigos y el cronograma de audiencias públicas pertinentes.
El TOF1 había dispuesto la suspensión del juicio hasta completar la pesquisa sobre lavado para evitar juicios parciales e inconexos. Esa cautela perseguía que no se juzgaran hechos aislados sin considerar el entramado económico que, según la fiscalía, sustentó el fraude. Con la integración del tramo de lavado aumentan las hipótesis sobre una operatoria organizada para desviar fondos de afiliados a terceros.
Los fiscales reconstruyen una operatoria que incluye contratos de mutuo, préstamos informales y transferencias con presunta finalidad de lucro. Se investigan transferencias, sociedades pantalla y adjudicaciones que podrían vincular los fondos denunciados con bienes de familiares. Las defensas ofrecieron reparaciones parciales que fueron evaluadas y rechazadas ante dudas sobre la trazabilidad y origen de los fondos.
Entre las propuestas figuraron pagos al querellante y donaciones a la mutual que no convencieron por falta de claridad en su procedencia. La fiscalía rechazó cerrar la causa con aportes de dudosa procedencia porque ello podría impedir un esclarecimiento real de los hechos. La acusación apunta a contadores, tesoreros y apoderados que, según la fiscalía, facilitaron la ejecución de maniobras para favorecer a la cúpula.
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Red de presuntos abusos y vínculo familiar
Se señalan sociedades vinculadas a familiares y constructoras que habrían sido usadas para dar apariencia de legalidad a fondos sospechosos. Investigadores detectaron compras de inmuebles y vehículos a nombre de allegados que podrían integrar circuitos de blanqueo ligados a la maniobra. También se indagan contratos y negocios que, de confirmarse, exhibirían conflictos de interés y uso indebido de fondos sindicales.
El proceso investiga además contratos de licitación y negocios que, de confirmarse, demostrarían conflictos de interés y uso indebido de recursos sindicales. Entre los señalados figuran responsables del manejo financiero del gremio que habrían autorizado cheques y movimientos para sustentar la maniobra. Si las imputaciones se prueban en juicio, la evidencia podría mostrar que el sindicato operó como una estructura destinada al lucro personal.
La fiscalía alertó sobre ocultamiento de pruebas, mensajes borrados y procedimientos diseñados para frustrar la reconstrucción completa de hechos. Se menciona la existencia de bienes en el exterior y estructuras societarias que habrían servido para resguardar activos de origen dudoso. Por ese riesgo, se promovieron medidas cautelares que impiden la disposición de bienes y buscan asegurar la reparación de víctimas.
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Riesgos procesales, pruebas y expectativa pública
Los recursos de casación presentados por algunos imputados siguen pendientes, lo que puede demorar la elevación formal al tribunal oral. No obstante, la confirmación de la Cámara redujo márgenes de maniobra y limitó alternativas para postergar el inicio del juicio oral. Si el proceso llega a debate público, el tribunal deberá evaluar abundante prueba documental, peritajes y testimonios de damnificados.
La expectativa social es que la justicia determine si la dirigencia sindical fue utilizada como pantalla para conductas delictivas sistemáticas. El caso Surrbac evidencia, según la acusación, un patrón de funcionamiento en el que la representación sindical fue desviada a intereses privados. De confirmarse, las condenas y medidas de restitución podrían marcar un antecedente sobre la responsabilidad penal de cuadros sindicales.
Las pruebas periciales contables y los testimonios de ex empleados podrían ser decisivos para reconstruir el circuito delictivo denunciado. El proceso exige transparencia para que la sociedad pueda conocer si las estructuras gremiales fueron instrumentalizadas para ganancias privadas. La clausura del caso sin un juicio público tendría un costo democrático al dejar impunes presuntas conductas de administración fraudulenta.