“No tenía nada que ver con eso”. Esa frase repetía Ariel Fernando García Furfaro (49), el dueño de HLB Pharma, casi como un mantra ante cada cuestionamiento concreto que realizaba el juez Ernesto Kreplak, quien este viernes lo indagó en la causa en la que se investiga al menos 96 muertes de pacientes que recibieron dosis de fentanilo contaminado.
Esa expresión, o similares, utilizó el dueño del laboratorio que vendió el opioide adulterado para desligarse de la responsabilidad en el manejo operativo de la firma y de otra de las empresas del grupo -como Laboratorios Ramallo- que manejaba junto con su familia y fue la encargada de la fabricación de los lotes que resultaron contaminados.
La indagatoria se extendió por casi seis horas. Es que la acusación que realizó la fiscal Laura Roteta tiene minuciosos detalles sobre todas las irregularidades en el proceso de producción y en la vulneración de las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) que deben seguir para poner en el mercado productos sanitarios.
“Esas cuestiones de precisión correspondían a los colaboradores y técnicos que eran contratados para eso”, fue la explicación que dieron en el entorno del abogado Gastón Marano, defensor de García Furfaro y quien asistió al imputado durante la diligencia judicial realizada este viernes en el palacio de los Tribunales Federales de La Plata, en 8 y 50.
El empresario argumentó que fueron «de las empresas más observadas por el ANMAT”, como una manera de rechazar una supuesta protección de sus firmas. Y señaló: «Nos tenían apuntados porque desde la industria de los laboratorios querían sacarnos del mercado porque teníamos precios muy bajos y eso no les convenía.»
Según coincidieron varias fuentes consultadas por Clarín, García Furfaro reiteró los argumentos planteados desde que tuvo que dar explicaciones públicas por el escándalo.
Ariel García Furfaro quedó detenido este miércoles junto a otras nueve personas, entre ellas, su madre, Nilda Furfaro; sus dos hermanos, Damián y Hernán; y técnicos, directivos y accionistas de las empresas que dirigían.
Además, la fiscalía imputó a otros siete gerentes o jefes de áreas que deberán presentarse en el juzgado a partir del lunes, pero que no están privados de la libertad.
El escándalo por la muerte de al menos 96 pacientes internados en hospitales de cinco provincias que recibieron fentanilo ya tiene 17 acusados por su presunta responsabilidad en el “desvío de calidad” del producto.
Casi con los mismos argumentos que sus hermanos, Ariel García Furfaro también negó tener conocimiento de que había fallas en el proceso de producción.
«No sé cómo fue que pasó todo esto», dijo uno de los hermanos Ariel, según confiaron a Clarín fuentes del caso.
Sin embargo, la Justicia habría obtenido elementos para sospechar que los empresarios (y algunos de los responsables técnicos de la empresa) tenían conocimiento de las fallas y, no obstante, habrían decidido vender la producción.
La fiscalía, en su extenso pedido de detención, recopiló mensajes en los celulares secuestrados en los procedimientos que constatarían esa hipótesis.
Durante las indagatorias, el juez notificó a todos de que les imputa haber vulnerado los artículos del Código Penal que reprime al que «adulterare o envenenare aguas potables, sustancias alimenticias o medicinales cuando de eso resultare la muerte de alguna persona». Es un delito que prevé condenas de entre 10 y 25 años.
Todos los indagados
Ariel García Furfaro se convirtió en el décimo acusado que prestó declaración indagatoria ante el juez Kreplak por la tragedia sanitaria del fentanilo contaminado.
Este jueves fueron indagados Nilda Furfaro, Damián García Furfaro, Diego García Furfaro, José Antonio Maiorano, Horacio Antonio Tallarico, Rodolfo Antonio Labrusciano, Carolina Ansaldi, Víctor Boccaccio y Javier Tchukran.
Luego de declarar, y por cuestiones de edad, la madre de los García Furfaro fue beneficiada con el arresto domiciliario, mientras que Boccaccio, ex director técnico del laboratorio, quedó en libertad.
La decisión del juez Kreplak de imputar y detener a los principales sospechosos del caso se produjo un día después que se recibiera el informe del Cuerpo Médico Forense de la Suprema Corte en el que se determinó que por lo menos en 12 de las historias clínicas de los pacientes afectados con el fentanilo contaminado hubo un «nexo concausal» entre la muerte de esas personas y la bacteria que contenían las ampollas que suministró HLB a los centros asistenciales.
Por otra parte, el Instituto Malbrán pudo comprobar con “certeza científica la identidad fenotípica, molecular y genómica, entre las muestras clínicas remitidas y las recuperadas del lote 31.202 de fentanilo HLB Pharma”. Es decir: que las bacterias con las que se habían contagiado los pacientes coinciden genéticamente en todo con las que contenían las ampollas que proveyó el laboratorio que pertenece a Ariel García Furfaro.
AA