Los bosques del sur de Río Negro y el norte de Chubut volvieron a arder este 2026 pero el fuego se agrava cada año por la crisis climática y la falta de reacción del Estado. Abogados ambientalistas afirmaron que Nación no solo ajustó fondos para la asistencia, también desplazó el manejo del tema del ámbito ambiental a una lógica de “seguridad interna”. La creación de un enemigo, las leyes vigentes y el presupuesto
Los megaincendios en la Patagonia son un fenómeno multicausal que está atravesado por la crisis climática, décadas de políticas de reemplazo del bosque nativo por especies exóticas de alto riesgo (como el pino radiata), expansión de áreas de interfase sin planificación, y un Estado cada vez más ausente en prevención, investigación y respuesta.
La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas elaboró un informe sobre ese fenómeno que se agrava cada año con el eje de plantear «lo que está pasando y lo que no nos están contando».
Según ese trabajo, el fuego volvió este 2026 al noroeste de la Patagonia y afecta a los bosques andino-patagónicos y, en particular, la Comarca Andina del Paralelo 42 (sur de Río Negro y norte de Chubut). Pero, año tras año, «los incendios se vuelven más extensos, más difíciles de controlar y más destructivos para las comunidades, los ecosistemas y las economías locales».
«Lo que está en juego no es solo la pérdida de bosque: se queman casas, chacras, escuelas, redes comunitarias, agua, salud, y el futuro mismo de un territorio», señalaron en el estudio de esa asociación y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (AAdeAA-Caje).
A ese escenario, se le suman las políticas de un Gobierno nacional que «decidió correr el manejo del fuego del ámbito ambiental y colocarlo bajo una lógica de ‘seguridad interna’, mientras recorta fondos, precariza brigadistas y alimenta lecturas represivas y racistas —con el pueblo mapuche como blanco preferido—».
«En paralelo –siguen las organizaciones–, circulan teorías conspirativas que funcionan como cortinas de humo: desvían la responsabilidad política y ocultan lo que sí existe y es verificable, como la presión inmobiliaria, la disputa por los territorios y el intento de flexibilizar normas que hoy impiden el negocio con la tierra quemada».
Ajuste y subejecución
El informe muestra cómo el recorte y la subejecución presupuestaria erosionan la capacidad real de prevenir y combatir incendios. Se releva la caída de fondos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), la subejecución (incluido el caso de 2024), y la disolución del Fondo Nacional de Manejo del Fuego mediante decreto.
El resultado es concreto: menos prevención, menos equipamiento, peores condiciones laborales para brigadistas y una respuesta más lenta y más débil en plena emergencia.
El presupuesto nacional destinado al Manejo del Fuego sufrió «un drástico recorte durante el gobierno de Javier Milei». Según un informe realizado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Ley de Presupuesto 2026 asignó al SNMF $20.131 millones, una cifra que implica una caída real del 69% respecto del presupuesto ejecutado en 2023.
En términos comparativos con el año anterior, los fondos para manejo del fuego se redujeron a casi la mitad (53,6% menos que en 2025), evidenciando su baja prioridad relativa en la asignación de recursos públicos.
Otro factor crítico es la subejecución del presupuesto asignado. El peor año fue 2024, cuando solo se ejecutó el 22% de los fondos disponibles del SNMF, a pesar de que ese año se quemaron más de 300.000 hectáreas en el país, siendo la cifra anual de superficie afectada más alta reportada en al menos 6 años.
En 2025, debido a los reclamos hubo una mayor ejecución presupuestaria, pero aún asi el SNMF dejó sin ejecutar 25% de los recursos asignados que podrían haberse utilizado para mejorar infraestructura, equipamiento, capacitaciones y condiciones laborales de brigadistas. Además, puede verse que el gobierno redujo drásticamente el crédito inicial que surgía de la norma.
Un informe «urgente»
Para los autores, el informe es «urgente porque los megaincendios ya no son una excepción: son un síntoma de época». Consideraron que hay dos caminos para enfrentar el fuego repetido: «La reacción tardía y militarizada, o la prevención con ciencia, planificación territorial, recursos, brigadistas con salarios y equipos dignos, y una política pública que no entregue territorios a la especulación».
El informe analiza el contexto de los incendios. Enumera y se detiene en la crisis climática, sequía persistente, olas de calor, tormentas eléctricas en estación seca, invasión de exóticas, crecimiento de zonas de interfase, desinformación y construcción del “enemigo interno” (por la acusación del gobierno sin pruebas contra supuestos «mapuches»).
Como contracara, el ensayo recupera el rol de la organización comunitaria y el trabajo de brigadistas y bomberos, y advierte: sin prevención y sin política pública, el daño se multiplica.
Leyes y qué hacer
Otro de los ejes abordados lo conforman las leyes vigentes. Si bien hubo modificaciones y decretos, hay normativas nacionales que protegen bosques y territorios tras el fuego, limitan la especulación y la extranjerización.
Ley de Bosques Nativos (26.331): obliga a ordenar el territorio por categorías de conservación (OTBN), exige evaluación de impacto y participación pública para actividades que afecten bosques, y establece un fondo para compensar a provincias por conservar.
Ley de Manejo del Fuego (26.815 y reforma 27.604): crea el Sistema Federal de Manejo del Fuego y define obligaciones de prevención y planificación. Además, incorpora la prohibición de cambiar el uso del suelo por décadas cuando hay incendios, justamente para evitar el negocio inmobiliario y permitir la restauración.
Ley de Tierras Rurales (26.737): limita la concentración de tierras rurales en manos extranjeras y protege zonas sensibles, incluyendo áreas vinculadas al agua y a fronteras. El informe recuerda que, pese a intentos de derogación vía DNU, la ley se mantiene vigente por medidas judiciales.
Para no quedar en un diagnóstico pesimista, el trabajo propone líneas de acción: «defender las leyes vigentes, exigir ejecución presupuestaria y políticas de prevención, fortalecer educación y alfabetización en manejo del fuego en zonas de interfase, discutir seriamente qué significa “cuidar el bosque” en tiempos de crisis climática y enfrentar la desinformación y la estigmatización de comunidades».
SFA