Este jueves la Cámara de Diputados se constituyó para avanzar con dos de los puntos más polémicos de la agenda del Gobierno: la discusión y votación del nuevo Régimen Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, y la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Ambos proyectos impulsados por el oficialismo llegarán al recinto con dictámenes de mayoría firmados por bloques aliados como La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y sectores provinciales.
En el caso del Régimen Penal Juvenil, la iniciativa del Gobierno no responde a una política integral de infancia y adolescencia, sino que retoma un enfoque punitivo que criminaliza la juventud vulnerable. Aunque el proyecto menciona la inclusión de actividades educativas, deportivas y atención médica, su eje central es la reducción de la edad de imputabilidad, lo que implica que chicos y chicas de 14 años puedan ser juzgados y condenados bajo un régimen penal similar al de mayores.
Esta política no aborda las causas estructurales de la violencia y la exclusión, como la pobreza, la falta de acceso a educación y oportunidades, y la discriminación social. La ausencia de audiencias públicas y la velocidad con la que se impulsa el régimen muestran que la prioridad del Gobierno es la política de mano dura antes que el diseño de políticas de prevención y contención social.
En paralelo, Diputados debate la ratificación del acuerdo comercial con la Unión Europea, un tratado de miles de páginas que busca reducir aranceles para la mayoría de las exportaciones y aumentar la integración económica con la potencia europea. A pesar de ser presentado por el oficialismo como una oportunidad de “más comercio y empleo”, acuerdos de libre comercio suelen profundizar la dependencia económica, abrir el mercado interno a la competencia desleal y debilitar las industrias nacionales, sin garantías concretas sobre condiciones laborales, soberanía productiva o protección ambiental.
La sesión se da en el contexto de un Congreso que avanza con rapidez en las prioridades del Ejecutivo, tras la media sanción de la reforma laboral en el Senado, y sin una discusión social amplia sobre las consecuencias profundas de estas medidas. Las respuestas a los problemas estructurales no pasan por más mano dura ni por pactos comerciales que priorizan intereses del capital transnacional sobre las necesidades populares.