El Ministerio Público de la Acusación (MPA) impulsó este martes un operativo resonante en una causa sobre abuso sexual infantil. El procedimiento se refiere a múltiples denuncias contra dos ciudadanos chinos por la producción de videos en Helvecia, en el centro de la provincia.
La Policía de Investigaciones (PDI) hizo una serie de allanamientos en el departamento Garay a partir de la declaración de 14 padres de personas menores de edad. Todas apuntan contra una pareja de comerciantes oriunda del país asiático.
Según publicó el periodista Juan Trento en el diario UNO Santa Fe, el procedimiento se centró en la requisa de un supermercado ubicado sobre avenida San Martín y Romang. Allí se secuestraron los teléfonos de un hombre de 45 años y una mujer de 52.
Denuncias de videos de abuso sexual infantil en Helvecia
Los primeros reportes sobre los allanamientos indican que las víctimas tienen entre 8 y 16 años. Sus padres aseguran que fueron filmadas sin su consentimiento adentro del negocio en el que trabajan los sospechosos, a casi 100 kilómetros al norte de la ciudad de Santa Fe.
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El MPA trabaja sobre la hipótesis de que las filmaciones tienen una connotación sexual. En base al relato de los familiares, la fiscal María Rosario Haeffeli solicitó el operativo y el secuestro de los teléfonos móviles empleados para producir el material ilegal.
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El personal de la PDI fue al local este miércoles a media tarde. La mujer denunciada habla español y los agentes le explicaron los motivos de la inspección. A continuación ingresaron con testigos y se llevaron los dispositivos de ambas personas.
Más tarde, los policías notificaron formalmente a los sospechosos sobre la causa penal, tanto en castellano como en su lengua materna. Finalmente, la evidencia hallada quedó a disposición de la Oficina de Violencia de Género, Familiar y Sexual en Helvecia.
Sospechas de grooming
La ley nacional 26.904 incorporó el delito de grooming al Código Penal argentino con sanciones para quienes contacten a una persona menor de edad por medios digitales (electrónicos o de telecomunicaciones) con el fin de cometer un delito contra su integridad sexual.
La normativa vigente establece penas de prisión de seis meses a cuatro años, incluso cuando no exista contacto físico.