El senador Esteban Motta, representante del departamento San Martín del bloque Unidos, es una de las voces con mayor llegada a los intendentes y presidentes comunales de su región. Productor agropecuario nacido en Piamonte, con una trayectoria que incluye su paso por la Federación Agraria Argentina y una activa participación en el proceso de reforma constitucional como vocero oficialista, Motta participó activamente en las negociaciones que derivaron en la media sanción de la Ley Orgánica de Municipios, un proyecto que, según definió, garantiza la gobernabilidad en los pueblos más pequeños.
En diálogo con El Ciudadano, repasó los puntos más complejos del debate, donde la figura del viceintendente se convirtió en el principal escollo a sortear; destacó las mejoras incorporadas al proyecto original para proteger la estabilidad en las localidades de menos de 10.000 habitantes, que son mayoría en la provincia; y advirtió sobre la crítica situación financiera que atraviesan las comunas de su departamento ante la caída de la coparticipación federal. Además, se refirió a los desafíos que vendrán: la reforma electoral, donde observa con interés el modelo cordobés, y la discusión de la ley de coparticipación, que reclamó sea integral y no se limite a mirar un número aislado.
El debate que trabó la negociación
—La media sanción del proyecto de ley Orgánica fue un paso importante. Contame cómo viviste la negociación, que estuvo trabada internamente en Unidos.
—Lo único que tuvo alguna situación de traba un poco más compleja era lo de la viceintendencia. Ahí había dos posiciones: una era que a partir de la ley y la Constitución, las municipalidades que tienen carta orgánica están habilitadas a cambiar el esquema y establecer una viceintendencia. Y la otra posición era que figurara en la ley. La limitante la encontramos en la Constitución, que habla de un intendente, no habla de un Departamento Ejecutivo. Cosa distinta es la carta orgánica, porque está por encima de la ley y puede determinar sumar un cargo en ese caso. En ese debate se estuvo analizando, pero quizás fue lo principal, el resto fue sinceramente bastante de forma.
—¿Vos estabas a favor de la viceintendencia?
—Yo creo que es una figura que, institucionalmente, sin dar un cargo más, garantiza la sucesión en caso de alguna cuestión, para no correr riesgos de que no haya continuidad política al mismo sector político, que hoy sin viceintendencia no hay.
Si hoy le pasara algo al intendente, el que asume es el presidente del Concejo. Y si es opositor no hay una continuidad ni siquiera política. Creo que eso es lo que daría la viceintendencia: una tranquilidad. Pero entiendo la justificación vinculada a la interpretación constitucional.
—¿Cuáles fueron los puntos que se mejoraron del proyecto original?
—El primer proyecto del Ejecutivo se mejoró muchísimo en función de las solicitudes de los presidentes municipales y los intendentes. Puntualmente, el formato de las comisiones municipales hasta 10.000 habitantes, respetando la cultura todavía vigente dentro de los pueblos, donde la comisión municipal, si bien tiene un rol netamente legislativo, se va a elegir en conjunto con el intendente, para darle mayoría, sobre todo en esas localidades que tenían el temor de que al tener elecciones cada 4 años se genere un problema de gobernabilidad. También la aclaración de que hasta 3.000 habitantes es ad honorem, porque en comunas muy pequeñas financiar un Concejo Deliberante le podría traer una complejidad económica.
—La regionalización parece una idea interesante de la reforma y de la nueva ley. ¿Cómo la ves en tu departamento?
—Nosotros tenemos una muy buena experiencia. Regionalmente tenemos un consorcio GIRSU para el tratamiento de residuos sólidos urbanos, conformado por casi todos los municipios del departamento San Martín y dos más del departamento Castellanos. Es una experiencia positiva. ¿Por qué en nuestra cabeza tiene que existir que cada comuna, quizás la más pequeña, tenga un equipo de maquinaria de mantenimiento de caminos rurales, cuando quizás entre dos o tres comunas pueden mantenerlo juntos? Creo que nos vamos a encontrar con muchas variables sencillas, inclusive pensando en empresas intermunicipales. Eso le da un marco moderno a experiencias que ya existen.
Los límites de la participación popular
—En la revocatoria de mandato y la consulta popular, ¿te parecen bien los límites que se establecieron?
—Sí, yo creo que los límites tienen que ver mucho con las localidades más pequeñas. Y nosotros entendemos que esta ley tiene mucho más que ver con el análisis de los impactos en las localidades más pequeñas de la provincia que en las más grandes, que van a tener la posibilidad de legislarse a sí mismas. Contemplemos que de las 365 localidades, 316 tienen menos de 10.000 habitantes, que son el eje de esto.
En localidades donde votan 100, 150 personas, si los números de la revocatoria no tienen un margen de seguridad, es un problema. Por ahí se pelearon por intereses personales dos familias y tumbaron un intendente. Es una cuestión real.
Las tres leyes que vienen
—Muchos legisladores resaltaron que queda pendiente la discusión de la coparticipación. ¿Cómo lo analizás?
—Acá hay tres grandes leyes. La de municipios es la primera y las otras dos son la electoral y la de coparticipación. Tienen que salir durante el 2026. La discusión de la coparticipación no la tenemos prevista todavía, pero tenemos que ir a un proceso lo más justo posible vinculado quizás a la cantidad de habitantes.
—En el peronismo reclaman elevar el porcentaje que se coparticipa de Nación a los municipios, del 13,8 al 20, como en Córdoba.
—Hay que discutir el marco general. Nosotros tenemos un reintegro del 60% del inmobiliario y del 95% de la patente. No son vía coparticipación, pero son impuestos que vuelven y tienen mucho impacto en las cuentas públicas. Hay que analizar globalmente y no solamente el número aislado. Porque tal vez Córdoba tenga más coparticipación de Nación, pero no tenga tanto del Inmobiliario o de la Patente. Hay que equilibrar los números globales.
Números en rojo
—En tu departamento, ¿cómo están los municipios para pagar los salarios?
—Estamos viendo una caída importante en la coparticipación federal, una situación preocupante. Vemos un deterioro progresivo de la economía de las comunas y los municipios. Venimos de gestiones muy bien plantadas en términos financieros, pero se están comiendo de a poquito, mes a mes, parte de los ahorros. La gran mayoría tiene guardada una masa salarial o dos, para cualquier riesgo, y ese fondo de reserva se lo están empezando a comer de a poquito.
El modelo Córdoba como horizonte
—En la reforma electoral, ¿qué posición tenés sobre la supuesta idea del balotaje y la eliminación de las Paso?
—El balotaje no forma parte de la discusión, quedó fuera del marco constitucional. Y no han sido positivas las experiencias, por lo menos desde mi punto de vista. Sobre las Paso, creo que hay que rediscutirlas. Yo siempre fui más partidario de que las candidaturas las definan los frentes electorales con sus afiliados. Existe un debilitamiento de las instituciones políticas muy fuerte, y cuando hay una crisis son los partidos los que sostienen la institucionalidad. Las Paso han debilitado la institucionalidad de los partidos. Hay que repensar la Paso abierta.
—¿Y la boleta única? ¿No juego un poco en contra de ese fortalecimiento de los partidos?
—La boleta única papel es una herramienta extraordinaria. El robo de boleta, la boleta sábana, el sobregasto electoral, para mí es algo del pasado. Creo que Córdoba logró un punto de equilibrio, revalidando la posición del partido dentro de la boleta única. El modelo de Córdoba me gusta bastante. Si no llegamos a ese punto, por lo menos que en una misma boleta se compartan categorías: gobernador con diputados, intendente con concejales.
El punto gris de la reforma
—¿Qué otro cambio te parece interesante?
—Hoy nos queda un desafío: determinar qué va a pasar con las localidades entre 10.000 y 20.000 habitantes, que son intendencias con Concejo Deliberante, pero votan cada 4 años. Quedó un punto gris. Si tenemos un criterio de garantizar mayorías en las menos de 10.000, ¿qué posición vamos a tomar con las de entre 10.000 y 20.000? Va a ser parte de una discusión fuerte de cara a la ley electoral.
—¿Qué se podría hacer en ese caso?
—Sería saludable tener un esquema similar al de menos de 10.000, donde el que gana se lleva tres bancas de cinco y las otras dos se distribuyen entre las minorías. En las de menos de 3.000 habitantes, el que gana se lleva dos y la minoría una. Para garantizar el control y la gobernabilidad. Además, si todos los municipios se ajustan a las cantidades que establece la ley, estaríamos reduciendo en 88 concejales la provincia. No es un dato menor.