Con una comparación directa entre los $10.889.434 de tope en Santa Fe (equivalentes a 7.233 euros) y los 3.359,60 euros de límite en España, Jorge Boasso volvió a poner en primer plano una de las discusiones más sensibles del sistema previsional santafesino. Pero el dato político más filoso no termina ahí: en la provincia no sólo existe un techo previsional que cuadruplica al nacional y, en la equivalencia difundida por el funcionario, más que duplica al español, sino que además hay beneficiarios que lograron saltear ese límite por vía judicial y hoy cobran entre $11.149.645 y $15.721.741,77. Para colmo la diferencia explosiva recrudece cuando se la compara con la jubilación máxima que paga la Ansés: $2.487.063.
La publicación del secretario de Seguridad Social no apareció en medio del debate legislativo de la reforma, ya saldado con su aprobación en la Legislatura santafesina, sino en la fase más conflictiva de su aplicación: la de los topes a los haberes máximos, los amparos presentados por jubilados y pensionados y la persistencia de una franja de ingresos que quedó incluso por encima de lo que la propia ley había buscado acotar.
Boasso escribió en su cuenta de X: “Pensar que en euros la jubilación máxima en Santa Fe post reforma es 7.233 €. Son justamente los que fueron a la justicia (ex magistrados en general). Lean en España. Igual en Alemania. Además también existe cuota de solidaridad para los que más ganan”.
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El posteo estuvo acompañado por una placa en la que se remarcó el caso español. Allí se señaló: “España: Control de pensiones máximas. En España, la Seguridad Social ha ratificado el tope de la pensión máxima en 3.359,60 € mensuales tras las actualizaciones de este ciclo. El enfoque actual del gobierno está en la recaudación a través de la ‘Cuota de Solidaridad’, que grava los salarios más altos para garantizar la sostenibilidad del sistema previsional a largo plazo”.
La comparación no fue casual. El funcionario buscó subrayar que, aun después de la reforma aprobada por la Legislatura santafesina, el tope jubilatorio de la provincia sigue ubicándose por encima del máximo que rige en España, pese a tratarse de un país con una economía muy superior a la argentina. El mensaje, además, apuntó de manera directa a quienes incluso recurrieron a la Justicia para intentar quedar al margen de ese límite, en especial ex magistrados y otros beneficiarios de la franja más alta del sistema.
La reforma previsional ya fue aprobada, pero la polémica sigue
La reforma jubilatoria de Santa Fe fue aprobada a mediados de septiembre de 2024 y estableció, entre otros cambios, que ningún jubilado o pensionado debía cobrar más de 20 jubilaciones mínimas. Sin embargo, la sanción de esa ley no cerró la discusión. Por el contrario, abrió una nueva etapa marcada por presentaciones judiciales, cuestionamientos sobre la constitucionalidad de algunos artículos y una fuerte disputa alrededor de los topes a los haberes máximos.
Con los valores de enero de 2026, la jubilación mínima en Santa Fe llegó a $544.472, por lo que el tope fijado por la ley ascendió a $10.889.434 de bolsillo. Aun así, el límite no se aplica de manera uniforme. De los 117 jubilados y pensionados que presentaron amparos judiciales para evitarlo, 36 obtuvieron resoluciones favorables y hoy cobran por encima de ese techo.
Según los datos disponibles, esos beneficiarios perciben actualmente entre $11.149.645 y $15.721.741,77, es decir, montos que rozan o superan ampliamente las 30 jubilaciones mínimas. El dato se convirtió en uno de los núcleos más delicados del debate previsional santafesino porque expone la amplitud de la brecha dentro del propio sistema provincial.
Topes jubilatorios en Santa Fe y amparos en la Justicia
La judicialización fue uno de los efectos más visibles de la reforma. De los 117 amparos presentados contra el tope jubilatorio, 55 corresponden a ex integrantes del Poder Judicial y 62 a personas que se desempeñaron en otras áreas del Estado santafesino. La propia discusión pública se concentró en ese universo minoritario pero de fuerte impacto político, ya que se trata de los haberes más altos del sistema.
De acuerdo con la información oficial, dentro del universo de unos 105.000 jubilados y pensionados de la Caja provincial de Santa Fe, el tope de haberes alcanza actualmente a 663 beneficiarios, lo que representa apenas el 0,63% del total. Ese porcentaje reducido, sin embargo, no impidió que el tema quedara en el centro de la escena pública por el volumen de los montos involucrados y por el contraste con la base de la pirámide previsional.
Cuando se aprobó la ley, los topes se ubicaban por debajo de los $8 millones, pero esa cifra fue aumentando con el correr de los meses en línea con la actualización de la jubilación mínima provincial. La norma dispuso además que quienes al momento de la sanción cobraban por encima de ese límite vieran congelados sus haberes hasta que el nuevo tope los alcanzara por efecto de las futuras actualizaciones.
La brecha entre la jubilación mínima y la máxima en Santa Fe
Uno de los puntos más sensibles del debate es la distancia entre la punta inferior y la superior del sistema. En diciembre, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia informó que la jubilación mínima abonada fue de $515.970,44, mientras que la máxima alcanzó los $10.319.408,78. El haber promedio de los 81.402 jubilados fue de $1.742.043.
La disparidad se vuelve todavía más marcada al observar los casos que lograron eludir el tope por vía judicial. Allí aparecen haberes de hasta $15.721.741,77, una cifra que deja en evidencia una diferencia abismal respecto de quienes perciben la mínima.
Ese contraste es justamente uno de los ejes sobre los que Boasso intenta construir su argumento político. Su comparación con España no sólo pone en discusión cuánto cobran los sectores más altos del sistema santafesino, sino también si resulta sostenible, social y financieramente, que una provincia con déficit previsional mantenga haberes de ese nivel.
Comparación con Anses: Santa Fe paga mínimas más altas, pero también máximas mucho mayores
La discusión no sólo se da al interior del sistema provincial. También aparece con fuerza cuando se lo compara con el esquema nacional de la Anses. Desde febrero, el organismo nacional fijó una jubilación mínima de $359.254,35 y una máxima de $2.417.441,63.
Eso significa que la jubilación mínima santafesina se ubicó 43% por encima de la nacional, aunque esa diferencia se reduce a alrededor del 20% si se contempla el bono de $70.000 que el gobierno nacional añade a quienes cobran el haber mínimo.
Pero la distancia más fuerte se observa en la parte alta de la pirámide. El máximo nacional queda muy por debajo del tope santafesino. Y si se toma como referencia la cifra de enero de 2026, cuando la jubilación máxima nacional fue de $2.487.063, la brecha con el tope provincial de $10.889.434 resulta de una magnitud contundente: el límite santafesino es unas cuatro veces más alto.
Un sistema previsional distinto al nacional
La comparación entre Santa Fe y Anses también deja ver dos estructuras previsionales muy diferentes. En el sistema nacional, una gran mayoría de beneficiarios cobra haberes mínimos o cercanos al mínimo. Según los datos disponibles, el 65% de los jubilados nacionales percibe el haber mínimo más el bono, y si se suman quienes reciben bonos proporcionales, el porcentaje trepa a entre 75% y 80%.
Esa situación se explica, en parte, porque de los casi 6 millones de jubilados nacionales, cerca de 5 millones accedieron por moratorias previsionales, es decir, sin haber completado los 30 años de aportes. El resultado es un fuerte achatamiento de la pirámide. En Santa Fe, en cambio, el haber mínimo es percibido sólo por el 2,21% del universo de pasivos, unas 2.231 personas entre jubilaciones y pensiones mínimas. Se trata de un sistema con mayor dispersión de escalas, más ligado a los ingresos que los beneficiarios tuvieron durante su vida activa. Esa característica explica que la provincia pague mínimos más altos, pero también máximos muchísimo más elevados que los nacionales.
Déficit previsional, reforma y aporte solidario
La defensa que hace el gobierno santafesino de la reforma previsional se apoya en otro dato central: el rojo estructural de la Caja. Según la información difundida en enero, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe registró en 2025 un déficit de $311.000 millones. Desde el Ejecutivo sostienen que, sin la reforma ya aprobada, ese desequilibrio habría sido del orden de los $650.000 millones.
En paralelo, la provincia sostiene que el gobierno nacional debería estar transfiriendo entre $20.000 y $25.000 millones mensuales para cubrir jubilaciones y pensiones santafesinas. Según esa posición, si la Nación hubiera cumplido con los compromisos legales y acuerdos vigentes, el déficit no existiría en la magnitud actual. A eso se suma un reclamo por una deuda de stock de más de 2 billones de pesos, que la provincia atribuye a incumplimientos acumulados desde la etapa en que Sergio Massa era ministro de Economía.
Dentro de ese esquema también se inscribió el aporte solidario extraordinario que recayó sobre los haberes más altos. Boasso recordó esa medida en otro posteo del 17 de febrero pasado: “El aporte solidario extraordinario dispuesto en el marco de la Ley de Emergencia Previsional vence el próximo 12 de septiembre y, pese a que el sistema previsional aún es deficitario, la diferencia entre activos y pasivos provinciales se redujo a la mitad en la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro”. Ese aporte comienza a aplicarse cuando un beneficiario supera las tres jubilaciones mínimas, que en enero representaban $1.633.416, y dejará de regir a mediados de septiembre de 2026, ya que Pullaro adelantó que no hará uso de la facultad de extenderlo por un año más.