Desde distintos ámbitos vinculados a la salud mental en el país se expresan preocupaciones sobre el proyecto de modificación de la ley vigente, señalando que el problema central es su falta de implementación y no su contenido.
En el marco del debate por la reforma a la Ley de Salud Mental que impulsa el gobierno nacional, especialistas y organismos del sector han manifestado sus análisis y preocupaciones. Desde Santa Fe, las discusiones reflejan una postura crítica hacia el proyecto, argumentando que se desplaza el foco del verdadero problema: la aplicación efectiva de la normativa actual.
En diálogo con este medio, Sabrina Pimpinella, psicóloga e integrante del Consejo Consultivo de la Ley de Salud Mental a nivel nacional, detalló los puntos que generan mayor inquietud. «Lo más preocupante es que el proyecto de ley construye un diagnóstico desacertado», afirmó. «Plantea que el problema es la ley actual, cuando en realidad lo que falla es su plena implementación. Se pone el foco en la ley, para no interrogar su incumplimiento».
Entre los cambios señalados, Pimpinella mencionó la eliminación de la obligación de destinar el 10% del presupuesto en salud a esta área, un debilitamiento del enfoque comunitario e interdisciplinario, y un retorno a una centralidad médico-psiquiátrica. También se refirió al cambio en la categoría de «riesgo cierto e inminente» por «riesgo grave de daño», lo que, a su juicio, históricamente ha justificado prácticas de control.
Respecto a las barreras para la implementación de la ley en los últimos 15 años, la especialista identificó dos principales: «La falta de asignación efectiva del presupuesto destinado a políticas públicas» y «el estigma que sigue atravesando el diseño de las políticas públicas, asociado a lógicas de encierro, control y medicalización».
Pimpinella recordó que el espíritu de la ley vigente buscó proteger derechos históricamente vulnerados, limitar internaciones prolongadas e injustificadas, y garantizar una atención interdisciplinaria y centrada en la persona. Como logros de estos años, destacó el desarrollo de dispositivos comunitarios, casas de medio camino y equipos territoriales como alternativas a la internación, así como procesos de externación de personas que vivían en instituciones durante largos períodos.
El proyecto de reforma, que el oficialismo prevé impulsar en el Congreso, no fue consultado, según los especialistas, con organismos como el Consejo Consultivo o el Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones (COFESAMA).