En el marco de una causa por narcotráfico, fuerzas federales realizaron procedimientos en oficinas de Puerto Norte y en un sindicato para recabar documentación vinculada a maniobras de lavado de dinero.
En el desarrollo de una investigación federal sobre una estructura de narcotráfico, personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) ejecutó órdenes de presentación en oficinas de la firma Grupo Roma, en Puerto Norte, y en la sede local del sindicato Urgara. Las diligencias, ordenadas por el fiscal federal Juan Argibay Molina, buscan documentación relacionada con posibles maniobras de lavado de activos.
La causa judicial se centra en el patrimonio de Ariel Fernando Suppa, detenido en noviembre pasado junto a otras doce personas. Suppa es señalado como presunto organizador y financista de una banda investigada por el movimiento de 750 kilos de cocaína en un breve período.
Los operativos se iniciaron buscando las oficinas de JR Negocios Inmobiliarios. Al no hallarlas en sus domicilios anteriores, los efectivos se dirigieron a la sede de Grupo Roma en Avenida Carballo 186, donde se presume podría estar el registro de operaciones de la inmobiliaria. Paralelamente, se procedió en la sede de Urgara en San Lorenzo 2067, donde el secretario adjunto del gremio, Andrés Enz, entregó dos boletos de compraventa de interés para los fiscales a cargo.
Tras el procedimiento, el titular de Grupo Roma, Pablo Cófano, emitió un comunicado aclarando que se trató de una órden de presentación de documentación, no de un allanamiento. La desarrolladora explicó que la justicia requirió datos sobre la presunta compra de tres lotes por parte del imputado. Afirmaron haber vendido dos lotes en 2019 con la debida justificación de fondos, y que una tercera operación, realizada a través de una inmobiliaria externa, nunca se concretó.
La investigación se originó en diciembre de 2024 por denuncias de microtráfico en un búnker de la ciudad. Escuchas telefónicas revelaron posteriormente una estructura más compleja, que habría traído droga desde Bermejo, Bolivia. Los fiscales consideran que los hermanos Suppa lideraban una célula mayorista que distribuía cocaína a subdistribuidores locales. En allanamientos de noviembre, además de incautar 52 kilos de droga, se secuestraron cuadernos con anotaciones que detallaban un flujo de abastecimiento de considerable magnitud.