El Ministerio de Justicia y Seguridad provincial aplica un nuevo protocolo para desalentar las falsas alarmas, tras registrar más de 150 intervenciones en una semana. Las autoridades detallaron el procedimiento para identificar responsables y resarcir los costos de los operativos.
Las escuelas de Santa Fe atraviesan un período de tensión tras el episodio ocurrido en San Cristóbal. En este contexto, instituciones educativas de toda la provincia han recibido amenazas, lo que derivó en numerosos operativos de seguridad. En menos de una semana, el gobierno provincial registró más de 150 alertas relacionadas con esta problemática, logrando identificar a siete personas responsables.
La secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Seguridad, Georgina Orciani, remarcó que amenazar a una escuela «es un delito que acarrea consecuencias penales y económicas». Siguiendo las declaraciones del ministro Pablo Cococcioni, explicó que cada operativo tiene un costo promedio de entre 5 y 6 millones de pesos, monto que se buscará cobrar a los responsables identificados. En caso de tratarse de un menor, la responsabilidad económica recaerá en sus padres o tutores.
«Estamos acostumbrados a que la única manera en que reflexionamos es cuando nos tocan el bolsillo, por lo que el Ministerio de Justicia y Seguridad ha puesto una medida que busca desalentar estas prácticas», agregó Orciani. Asimismo, pidió colaboración a las familias: «No hay manera de frenarlo sin ellos. Esto no es un juego, es un delito tipificado en el código penal y que tiene una sanción económica».
Entre el 16 y el 22 de abril, se confirmaron 158 intervenciones por amenazas o mensajes intimidatorios a escuelas de la provincia. Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad se informó que se individualizó a siete personas, aunque no se dieron a conocer más detalles sobre su procedencia o los casos específicos.
El Ministerio implementó nuevas medidas para frenar esta ola de amenazas, publicando este martes un protocolo para cobrar los gastos de los operativos a los denunciados por estos delitos. La Resolución 1.201/26 establece un mecanismo que busca garantizar la trazabilidad y eficacia de las medidas, desde que ingresa una llamada al 911 hasta que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) identifica a los responsables.
El protocolo, que se refiere específicamente a hechos de violencia, amenazas y conductas de riesgo en ámbitos escolares, establece siete pasos para el cobro. Inicia con la identificación de los autores por parte del MPA, continúa con el cálculo de costos operativos a cargo de la Secretaría de Coordinación Técnica, que incluye informes técnicos y constancias de intervención, y finaliza con una intimación de pago con un plazo improrrogable de cinco días, confeccionada por la Subsecretaría de Legal y Técnica.