El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, se negó a declarar en la segunda indagatoria en la causa que investiga el pago de coimas en el organismo. El juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi iniciaron una nueva ronda de declaraciones que incluye a más de 30 imputados.
El juez federal Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi comenzaron este martes una nueva tanda de indagatorias en la causa por la que se investiga el pago de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). El extitular del organismo, Diego Spagnuolo, quien ya está procesado al igual que otros imputados, llegó esta mañana a los tribunales federales de Retiro para su segunda indagatoria, pero se negó a declarar.
Spagnuolo es señalado por su rol como máxima autoridad de la Andis, ya que habría ocupado una posición jerárquica esencial para el funcionamiento del esquema, generando las condiciones estructurales para el direccionamiento de contrataciones a cambio de retornos. La lista de indagados incluye la ampliación de declaraciones de otras personas ya procesadas, como el exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud Daniel María Garbellini y Miguel Ángel Calvete, presunto lobbista de directivos de laboratorios y droguerías.
Además, se citó a declarar a nuevos sospechosos: Emilio Olguín, Evangelina García, Claudio Kahn, Gerardo Angarami, Oscar Capello, Guido Capello, Pablo Rivero, Martim Armella, Hernán Rasmussen, Máximo Perdiechizi, Osmar Caballi, Mariano Sagués, Christian Sagués, Vicente Sagués, Lucas Sagués, Humberto Maone, Javier Bernat, Fernando Bernat, Gustavo Bernat, Vicente Vázquez, Nicolás Luna, Fabián Piedimonte, Lautaro Britez, Diego Miras Acosta, Fabián Parlakian, Matías Palotti Bertola, Patricio Denholm, Alan Poccovi, Sergio Daniel Mastropietro y Patricio Oscar Acosta.
La acusación principal es haber formado parte de una asociación ilícita dedicada a cometer ilícitos en detrimento de la administración pública, mediante la manipulación de procesos de contratación para la provisión de medicamentos e insumos del Programa Federal Incluir Salud. Se habría simulado competencia entre oferentes y direccionado adjudicaciones a empresas previamente seleccionadas, generando beneficios económicos ilegales y dádivas a funcionarios.
“La organización habría estado abocada a generar millonarias sumas de dinero para sus integrantes de manera ilegal, en detrimento del erario público”, sostuvo el juez Ariel Lijo. Además, el Juzgado decretó la inhibición general de bienes para las personas y empresas involucradas, señalando que “las hipótesis delictivas asoman la posibilidad de que acontezcan maniobras tendientes al desprendimiento de activos que pudieron haber sido instrumentos, productos, objetos o provecho de posibles delitos”.
Spagnuolo ya fue indagado y procesado por los delitos de cohecho activo, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público. Las maniobras implicaron salidas de dinero por más de $75.000 millones del erario público que habrían tenido como destino los bolsillos de un reducido grupo empresarial.