Sergio L., un reparador de teléfonos, fue enviado a prisión preventiva por eliminar mensajes de WhatsApp de un dispositivo secuestrado en una causa que vincula un supuesto autoatentado con corrupción policial.
La Justicia rosarina dictó este viernes la prisión preventiva para Sergio L., un técnico reparador de teléfonos móviles acusado de una maniobra informática para destruir evidencia. Según la acusación del fiscal Pablo Socca, el joven ayudó a su madre, Norma Acosta, a eliminar mensajes y archivos de WhatsApp que eran clave en una investigación que conecta un «autoatentado» con la trama de corrupción policial por el fraude en la carga de combustible.
El pasado 21 de mayo, la policía secuestró el celular de Norma Acosta en el marco de una causa por falso testimonio. Sin embargo, horas después de ser liberada, la mujer tramitó un nuevo chip (SIM) con su mismo número de línea en una sucursal de telefonía. Con ese chip en mano, su hijo entró en acción: insertó la tarjeta en un nuevo dispositivo, sincronizó la cuenta de WhatsApp vinculada al Gmail de su madre y comenzaron una eliminación selectiva. A las 19.41 de ese día, borraron fotos, archivos y chats específicos, logrando que esa información desapareciera del teléfono que ya estaba bajo custodia de la Dirección de Asuntos Internos.
Para la Fiscalía, la «limpieza» no fue azarosa. Se buscó ocultar conversaciones con funcionarios públicos aún no identificados. El contexto de la causa es explosivo: Norma Acosta había denunciado una balacera contra su casa el 7 de mayo, intentando presentarse ante los medios como una «perseguida» justo cuando estallaba el escándalo de los 16 policías detenidos por malversar fondos de combustibles. No obstante, la investigación determinó que el ataque habría sido un autoatentado planeado por la propia Acosta junto a un integrante de la barra de Newell’s, con el fin de instalar pistas falsas y desviar la atención judicial.
El fiscal Socca imputó a Sergio L. como coautor de violación de sellos y documentos, un delito que castiga la inutilización de objetos que sirven como prueba ante la autoridad. Pese a los argumentos de la defensa, el juez Lisandro Artacho validó la calificación legal y ordenó que el técnico permanezca bajo prisión preventiva efectiva por el plazo de 30 días, mientras se intenta recuperar el material eliminado y se profundiza en las conexiones políticas y policiales que los mensajes borrados intentaban proteger.