La Fiscalía probó que Jorge Menegozzi fue partícipe necesario en la causa por bienes apropiados y desguasados durante la dictadura y parte de la democracia.
La Justicia federal de Rosario procesó este viernes por administración fraudulenta a Jorge Menegozzi, quien fuera tesorero y asesor contable de la Biblioteca Popular Constancio Vigil entre 1977 y marzo de 2005, por ser «partícipe necesario» en relación a una causa de bienes apropiados y desguasados durante la última dictadura cívico militar y parte de la democracia. Le trabaron un embargo por 10 millones de pesos, aunque no será detenido.
La medida se da en el marco de la causa por delitos económicos iniciada en el Juzgado Federal Nº 4 de Rosario para que se investiguen las responsabilidades de quienes llevaron adelante el proceso de liquidación patrimonial de la Biblioteca Vigil iniciado en 1977 y hasta el año 2012, en plena democracia.
Según se desprende de la causa, instruida por el juez Federal Carlos Vera Barros y el fiscal Federico Reynares Solari, durante ese lapso Menegozzi «realizó diferentes maniobras configurativas del delito de administración fraudulenta, siendo esencial su aporte como tesorero y asesor contable de los sucesores liquidadores».
«Es un logro colectivo importantísimo que se procese por el delito de administración fraudulenta, gracias a la pericia de Sergio Arelovich, que resultó trascendente junto a los esfuerzos de la investigadora Natalia García», destacó en declaraciones a La Capital la representante legal de la comisión directiva de La Vigil y miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Gabriela Durruty.
La Vigil es una histórica biblioteca ubicada en Gaboto 450, señalizada como Sitio de Memoria. Confirmó, en ese sentido, que «se trata del contador de casi toda la intervención civil de La Vigil y que se prolongó, incluso, una vez restaurada la democracia».
Una vez restablecidos los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, el magistrado federal Marcelo Bailaque dividió la causa en dos partes: una destinada a investigar los crímenes y otra caracterizada por los delitos económicos.
Entre las irregularidades mencionadas por la Fiscalía para probar la calificación de «partícipe necesario» en la comisión del delito de «administración fraudulenta» se desprende que Menegozzi era el asesor contable de los interventores de la biblioteca popular de barrio Tablada.
A modo de ejemplo del accionar de los interventores, una pericia realizada por el Tribunal de Tasaciones estableció el valor de mercado del inmueble de una filial que la biblioteca tenía en la ciudad de San Juan, subastado en el año 1984, en $2.202.000 a esa fecha. Sin embargo, fue rematado a $733.679,71.
Del expediente se desprende que se pudieron probar «los hechos cometidos en contra de los bienes de La Vigil existentes al momento de la intervención de la institución» y «la participación criminal de Jorge Alberto Menegozzi en calidad de partícipe necesario, ya que su accionar realizó un aporte necesario e indispensable para que los interventores pudieran dirigir su conducta ilícita, con la finalidad de perjudicar a la Institución».
El trabajo de la docente e investigadora Natalia García, del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Humanidades, fue un pilar fundamental con su tesis «El caso Vigil. Historia sociocultural política y educativa de la Biblioteca Vigil (1933-1981)».
«La liquidación experimentó distintas estrategias para configurar la destrucción patrimonial. En muchos casos, se trató de remates y subastas de inmuebles con los que se pagaron honorarios a los interventores, que fueron los que se alzaron con un botín millonario a lo largo de las décadas de intervención tanto en tiempos de dictadura como de democracia», reseñó García, en declaraciones a La Capital.
En ese marco, precisó que «son muchísimas expropiaciones, remates, subastas y todo tipo de destrucción de asfixia financiera, de transferencia de jurisdicciones, de paso a manos privadas y de pagar créditos. Estamos hablando de bienes muebles, de mucho valor en créditos patrimoniales y efectivos. Y, por supuesto, quemas, clausuras, cercenamiento y destrucción propiamente dicha».
García consignó que en 1965, la asamblea de socios votó por unanimidad la compra de un telescopio Carl Zeiss fabricado en Alemania. Por sus características técnicas, ocupaba el tercer lugar en potencia a nivel nacional y era el único de su tipo en toda América Latina. Llegó al puerto de Rosario en 1969. «Fue un espacio de producción científica real. Había un equipo interdisciplinario que hacía patrullaje solar diario, estudiaba la cromósfera, colaboraba con observatorios nacionales y tejió vínculos con instituciones de Chile, Uruguay, Brasil, Italia, España y Ecuador.»