El Gobierno nacional dispuso una reducción presupuestaria de $2,5 billones que impacta en la Universidad Nacional del Litoral, dejando sin financiamiento la segunda etapa del Aulario Común de Costanera Este, paralizada desde octubre de 2025.
Una adecuación presupuestaria de casi 2,5 billones de pesos dispuesta por el Gobierno nacional en el Presupuesto 2026 en materia educativa impacta de manera directa en la Universidad Nacional del Litoral (UNL), que dejará de recibir 500 millones de pesos destinados a infraestructura universitaria. La medida quedó plasmada en la Decisión Administrativa 20/2026, publicada en el Boletín Oficial.
La construcción del Aulario Común de Costanera Este, ubicado junto a la Escuela Secundaria de la UNL en Ciudad Universitaria, está paralizada desde octubre de 2025 con un avance del 26,49%. Desde la casa de estudios advirtieron que con fondos propios pueden hacerse cargo de trabajos menores, pero no de obras de mayor presupuesto.
En el Anexo 1 de la decisión se estableció una reducción total de 5.303 millones de pesos en transferencias a universidades nacionales para gastos de capital. En la página 171 aparece específicamente el ítem 820 Universidad Nacional del Litoral -500.000.000, correspondiente a partidas para infraestructura. También figura la Universidad Nacional de Rafaela, con 190.000.000 de pesos menos.
La rectora de la UNL, Laura Tarabella, señaló que no existe presupuesto nacional para obras y que la universidad debió redefinir prioridades utilizando recursos propios. “Tenemos obras paralizadas, por ejemplo el Segundo Aulario en la Costanera Este, al lado de la Escuela Secundaria en Ciudad Universitaria, está paralizada con un 26% ejecutado, pero no tenemos recursos propios para poder continuarlo”, afirmó.
Tarabella explicó que la UNL sí puede afrontar obras menores, como la mejora de la iluminación de Ciudad Universitaria, pero no proyectos de mayor envergadura. Defendió el funcionamiento institucional de la universidad y reclamó un financiamiento acorde a lo establecido por la Ley de Financiamiento Universitario.
El recorte nacional incluyó una quita de más de 78.700 millones de pesos en programas de la Secretaría de Educación, entre ellos el Plan Nacional de Alfabetización, y la eliminación del Fondo de Compensación Salarial Docente. También se suspendieron transferencias para obras en universidades nacionales y se redujeron fondos para Educ.ar S.A.
Entre las casas de estudios más perjudicadas se encuentran la Universidad Nacional de La Plata, con 1.043.000.000 de pesos menos; la Universidad Nacional de General San Martín y la Universidad Nacional de Avellaneda, con 700.000.000 cada una; y la Universidad Nacional de Río Cuarto, con 680.500.000.