En medio de la incertidumbre financiera y las tensiones políticas internas, Argentina sumó un alivio judicial en el exterior. La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos, con sede en Nueva York, rechazó el pedido de los demandantes en el caso Aurelius, conocido como Cupón PBI, para revisar un fallo que había sido favorable al país.
El litigio giraba en torno a los bonos atados al Producto Bruto Interno (PBI), creados en el canje de deuda de 2005. Estos instrumentos preveían pagos adicionales si la economía superaba un crecimiento anual del 3%. Los fondos demandantes alegaban que el gobierno de Cristina Kirchner manipuló los datos del INDEC al cambiar la base estadística en 2014, con Guillermo Moreno como figura central, lo que redujo la tasa de crecimiento de 2013 al 3,2%, por debajo del 3,3% que hubiese activado el desembolso.
Ese cambio metodológico permitió evitar pagos por más de US$3600 millones y derivó en juicios en Londres y Nueva York. Mientras que en Europa los demandantes obtuvieron un fallo favorable en 2023, en el fuero estadounidense la posición argentina volvió a prevalecer.
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La decisión judicial
El tribunal neoyorquino ratificó su resolución del 16 de julio, confirmando la sentencia de la jueza Loretta Preska. En ella, se había determinado que los demandantes no cumplieron con la cláusula de “no acción” prevista en los contratos, requisito indispensable para iniciar el reclamo.
“La resolución constituye la confirmación de un reciente triunfo legal para la República Argentina, al impedir una potencial obligación de pago estimada en aproximadamente US$500 millones”, informó la Procuración del Tesoro.
El dato cobra relevancia porque Preska fue la misma jueza que falló contra el país en la causa por la expropiación de YPF. En este caso, sin embargo, respaldó los argumentos presentados por el Estado.
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Origen del conflicto
El cupón PBI fue diseñado durante la gestión de Roberto Lavagna para incentivar la adhesión al canje de deuda. Pagaba intereses adicionales hasta 2035 si el crecimiento anual superaba el 3%. Desde 2011, Argentina no cumplió esa condición.
Con el cambio de metodología en 2014, el INDEC informó un crecimiento menor al umbral requerido. Los fondos sostuvieron que esa modificación les impidió cobrar, lo que dio inicio a los reclamos judiciales.
Implicancias para el Gobierno
El fallo llega en un momento en que el oficialismo enfrenta presión en los mercados y cuestionamientos por escándalos políticos por el caso $Libra, los casi 100 muertos por el fentanilo contaminado y el escándalo de la ANDIS.
Desde el Ejecutivo destacaron que la resolución evita un pago de magnitud y fortalece la estrategia de defensa en litigios internacionales. “La Procuración del Tesoro reafirma su compromiso de defender los intereses de la Nación y los ciudadanos en todos los procesos judiciales”, expresaron fuentes oficiales.
Con este desenlace, la Argentina esquiva por ahora una obligación millonaria, aunque aún quedan pendientes los procesos en Europa, donde en 2023 los fondos demandantes habían conseguido un fallo adverso.
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