Un estudio de Unicef revela que más de la mitad de las madres no recibe la cuota alimentaria de manera regular. Desde la UNR se plantea la necesidad de agilizar los controles y modificar la ley provincial que rige el registro.
Según datos del último análisis de Unicef sobre la situación de la niñez y adolescencia en hogares liderados por mujeres, más de la mitad de las madres en Argentina (56%) no recibe la cuota alimentaria cuando el padre no habita en la vivienda. El porcentaje asciende al 68% al considerar a quienes no la reciben de manera regular.
Frente a esta situación, desde la Universidad Nacional de Rosario (UNR) se advierte sobre la necesidad de reformar las normativas que sancionan el incumplimiento del pago de alimentos y garantizar un control más estricto. En la provincia de Santa Fe, hace 25 años se aprobó la ley 11.945 que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM), donde los jueces inscriben a quienes incumplen tres cuotas consecutivas o cinco alternadas en un año. La inscripción conlleva sanciones como la prohibición de ingresar a estadios de fútbol o inhabilitaciones para licitaciones o cargos públicos.
Sin embargo, Florencia Rovetto, titular de la Secretaría de Género de la UNR, señaló que actualmente son las mujeres quienes deben solicitar la inscripción de los progenitores en el registro, sumando un trámite más al juicio de alimentos. Rovetto propone que los mismos jueces ordenen la inscripción de manera más ágil. Destacó que, durante las gestiones judiciales, muchos morosos no quedan incluidos en el padrón, lo que se evidencia en que el registro apenas cuenta con unos 2 mil inscriptos, a pesar de que los casos de incumplimiento son mucho más numerosos.
En ese marco, este lunes a las 17.30, en la Facultad de Derecho (Córdoba 2020), se desarrollará una actividad titulada “Deuda Alimentaria: Hacia una reforma de la Ley de Registro en Santa Fe”, con la participación de la abogada feminista Sabrina Cartabia Groba. El encuentro busca promover el diálogo sobre los desafíos actuales en materia legislativa y de acceso a la justicia.
Rovetto destacó que el incumplimiento en el pago de las obligaciones alimentarias es una problemática estructural que afecta a niños, niñas y adolescentes, vulnerando sus derechos y constituyendo una forma de violencia económica hacia las mujeres madres. La ineficacia del Estado para garantizar este derecho, según señala, configura otro tipo de violencia al propiciar un ambiente de impunidad.
El Área de Género y Sexualidades de la UNR lleva dos años analizando el funcionamiento del sistema judicial provincial en esta materia, con el objetivo de identificar obstáculos en el acceso a este derecho y elaborar propuestas de mejora normativa e institucional. El relevamiento identificó problemas como la falta de criterios unificados en las prácticas judiciales, la dificultad en el acceso a la justicia y la baja efectividad práctica del registro.
Entre las limitaciones del registro se destacan su alcance restringido, ya que sus efectos recaen principalmente sobre quienes interactúan con el sector formal o el Estado, y su burocratización, dado que la inscripción no es automática y requiere una declaración judicial previa tras reiterados incumplimientos.
El análisis de Unicef de 2024 también resalta que, entre las mujeres que no reciben la cuota alimentaria, seis de cada diez indican que el progenitor tampoco se hace cargo de otros gastos de manera directa.