El gobierno provincial logró un acuerdo para el reconocimiento y pago parcial de la deuda nacional por la Caja de Jubilaciones, en un marco de diálogo que incluye otras cesiones de activos.
Tras meses de negociaciones, el gobierno de la provincia de Santa Fe y la administración nacional firmaron un acuerdo para el reconocimiento y pago de parte de los fondos que la Nación adeuda por la Caja de Jubilaciones provincial. Los 120.000 millones de pesos acordados, si bien no resuelven la totalidad de la deuda, establecen un precedente para futuras discusiones y marcan un avance en el diálogo entre ambas administraciones.
El convenio, firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra de Economía de la Nación, Sandra Pettovello, incluye una tregua judicial mientras se define el monto total de la deuda y la forma de pago. Además, se avanzaría en la cesión a la provincia de la ruta A012 y en la transferencia de terrenos en Puerto Norte y obras del Procrear, aunque estas últimas gestiones podrían demorar más tiempo.
Fuentes del gobierno provincial destacaron que el acuerdo requirió un proceso de construcción de confianza mutua. Las negociaciones, que involucraron a un equipo integrado por el ministro de Economía Pablo Olivares, la secretaria de Legal y Técnica Julia Tonero y la legisladora Gisela Scaglia, entre otros, se vieron interrumpidas en un momento por cambios en la ANSES, pero luego se retomaron.
En el ámbito político, analistas observan que el acuerdo refleja una necesidad de reconstruir marcos de consenso mínimo. Desde el oficialismo santafesino se negó que existiera un «toma y daca» de votos en el Congreso a cambio de obras, aunque se reconocieron gestos de los legisladores provinciales en temas nacionales que habrían allanado el camino para mejorar los flujos de fondos a Santa Fe.
Mientras tanto, en el escenario nacional, el gobierno enfrenta presiones legislativas. La oposición reunió apoyos para citar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por una investigación sobre su patrimonio y gastos, buscando avanzar hacia una moción de censura. Este hecho se da en un contexto donde el deterioro de los ingresos y casos de presunta corrupción encabezan las preocupaciones sociales.