La Agencia de Administración de Bienes del Estado notificó a la cooperativa de trabajo Linares Trechel LTDA para que desocupe en 10 días hábiles el terreno fiscal que ocupa en barrio Refinería. El conflicto llegó al Concejo Municipal, donde ediles buscan mediar para preservar las fuentes laborales.
La Agencia de Administración de Bienes del Estado intimó el pasado martes a la cooperativa de trabajo Linares Trechel LTDA para que en diez días hábiles proceda a la desocupación y restitución del inmueble que ocupa desde hace décadas en Junín y Caseros, en pleno barrio Refinería, cerca de Puerto Norte. En el escrito, Nación afirma que la ocupación se mantiene sin derecho alguno y se reserva reclamar indemnización por daños y perjuicios.
El conflicto ya fue abordado en el Concejo Municipal, donde varios ediles piden la suspensión de los plazos de lanzamiento y la apertura de una mesa de diálogo para garantizar la continuidad laboral de los 14 trabajadores de la cooperativa. La nota cayó como un balde de agua helada en la sede histórica de lo que hasta el 18 de marzo de 2013 fue una firma que quebró judicialmente y cuyos ex dueños se llevaron los elementos de producción.
La cooperativa funciona desde hace 13 años en este terreno fiscal, donde elabora, fracciona y distribuye un amargo serrano sin alcohol y agua filtrada. El predio, de unos 26 mil metros cuadrados, está en un lugar estratégico dentro del proceso de transformación urbana de Puerto Norte. Antiguamente ingresaban trenes con carga para abastecer bodegas de la zona.
Carlos Gavio, en representación de los trabajadores, indicó: “Ahora somos 14, pero fuimos unos 24. La Justicia nos dio la viabilidad para seguir trabajando en lo que hace 60 años era Bodegas del Litoral y hace más de 40 años funciona en estos terrenos del Estado”. Hasta la quiebra, se pagaba un canon a la ferroviaria NCA. “Nunca vino nadie a decirnos que debíamos irnos; incluso vinieron inspecciones a constatar que estábamos en cooperativa. Las máquinas son antiguas, pesadas, difíciles de mover. No estamos dispuestos a abandonar el predio. ¿Adónde iríamos? ¿Perdemos la fuente de trabajo?”, agregó.
La estrategia de la cooperativa es frenar los plazos mediante abogados y buscar un acuerdo con Nación. “Negativo, de acá no nos vamos”, sentenció Gavio. La problemática fue tratada este lunes por la comisión de Producción y Promoción del Empleo del Concejo Municipal. Los trabajadores señalaron que siempre existió voluntad de regularizar su situación y solicitaron la intervención de la comisión para gestionar instancias de diálogo o alternativas de relocalización, aunque por ahora no desean mudarse.
La concejala justicialista Norma López recordó gestiones previas: “Desde el año pasado intentamos un lazo con la gestión nacional y nadie responde. Lo que no puede pasar es dejar a más de 20 familias sin trabajo y que la cooperativa caiga después de años de lucha”. Anita Martínez (PRO) indicó que contactó a exfuncionarios macristas de la Administración de Bienes del Estado para obtener referencias. “La situación está judicializada con la quiebra, se usa el predio para trabajar y queremos acercar las partes para encontrar alguna solución. Las máquinas tienen 50 años montadas allí, hay que darles tiempo e información”, concluyó.