Días atrás, en una de sus apariciones públicas luego de conocerse la confirmación por la Corte Suprema de su condena en la causa Vialidad, Cristina Fernández expresó que se había impuesto un “cepo al voto popular”. Agregó que ese cepo no había sido causado “por este triunvirato de impresentables”, en referencia a los jueces de la Corte que firmaron el fallo y a quienes también calificó como “tres monigotes”, señalando que “responden a mandos naturales, muy por arriba de ellos”. Vale decir, los jueces de la Corte serían empleados de esos “mandos naturales”, sin independencia para resolver según sus propios criterios.
No es que estas palabras sorprendan, viniendo de quien vienen. Durante el gobierno del que Cristina Fernández fue vicepresidenta, el Poder Ejecutivo anunció que impulsaría el juicio político contra todos los jueces de la Corte Suprema, basado principalmente en el contenido de ciertas sentencias contrarias a los gustos de aquella. Con impulso presidencial se formó en el seno de la Cámara de Diputados una comisión investigadora que citó a declarar a empleados y funcionarios de la Corte, a quienes se les preguntó sobre cuestiones atinentes a la circulación de causas y a los tiempos de demora en cada vocalía. Hacia fines de 2023 se les formularon a los jueces supremos cargos concretos de “mal desempeño”, y quedaron así habilitados a responder a esas infundadas acusaciones en un plazo de diez días. Todo eso, se sabe, significó una enorme tarea de desgaste para el Alto Tribunal y sus colaboradores. Ese desgaste, además, era claramente lo buscado pues los propulsores de ese juicio político sabían que jamás se obtendría la mayoría necesaria para impulsar una acusación formal en la Cámara de Diputados.
Estas últimas manifestaciones de Cristina Fernández de Kirchner no son solo demostrativas de su alto desprecio por el sistema de división de poderes, al que alguna vez calificó como “arcaico”, al señalar que se inspiraba en ideas del siglo XVIII y que pecaba asimismo de no tratarse de un poder elegido por el voto popular. Este último argumento en realidad es falaz. Un juez de la Corte es propuesto por el presidente de la Nación (uno de los jueces agraviados, Ricardo Lorenzetti, fue propuesto por Néstor Kirchner), y esa designación debe ser aprobada por una mayoría calificada de dos terceras partes del Senado, por lo que es claro que en la designación de un juez de la Corte existe un control severo en manos de funcionarios elegidos directamente por los habitantes.
Pero una cosa es cuestionar el sistema de división de poderes que una gran cantidad de naciones desarrolladas ha adoptado con éxito, y otra es recurrir directamente al insulto a tres jueces a los que se califica como “impresentables” y “monigotes”, al servicio de algún poder superior. Desde ya ninguno de los magistrados en cuestión merece semejante calificativo, y es realmente dañina para la salud de la República la utilización de estas expresiones en boca de una figura pública. Eso puede ser el antecedente directo de campañas de odio y desprestigio respecto de los magistrados, como de hecho se verificó en estos días con anuncios en redes sociales que incluyeron fotos de los tres jueces junto a la leyenda “Mafia y corrupción”.
Aquí es necesario tomar conciencia de que no solo Cristina Fernández y sus seguidores hacen gala del agravio y el insulto. La ofensa y la utilización de expresiones irrespetuosas se ha vuelto moneda corriente y el actual presidente es, lamentablemente, otro cultor decidido de esa técnica de comunicación. Este mismo método es el que emplean varios legisladores y funcionarios, y el discurso público se ha degradado hasta niveles inimaginables años atrás. Anuncios presidenciales tales como que “no odiamos lo suficiente a los periodistas” se convierten así en una suerte de mecha que contribuye decididamente a esa degradación y el intercambio de ideas sufre por esta cultura de naturalización del agravio. Y resulta una pena, por último, advertir que los principales dirigentes políticos son quienes alimentan este cuadro de situación.