La libertad de pensamiento sigue siendo una cuenta pendiente en algunas aulas argentinas. Un nuevo caso de adoctrinamiento ideológico y persecución política sacude al sistema educativo público. Santiago, un alumno del colegio Primera Junta, en el barrio porteño de Caballito, no puede asistir a clases desde hace más de una semana, tras haber sido amenazado por expresar su respaldo a la condena judicial contra la expresidente Cristina Fernández de Kirchner.
La historia salió a la luz a través del programa de Esteban Trebucq, en La Nación+, donde Santiago y su madre, Jaqueline Lamas, relataron cómo el joven fue hostigado luego de participar en una asamblea escolar organizada tras el fallo judicial en la causa Vialidad. Allí manifestó su apoyo a la decisión de la Justicia, lo que generó una reacción violenta de parte de sus compañeros con afinidad kirchnerista. Las amenazas recibidas hicieron insostenible su presencia en el aula.
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Aún más preocupante fue la inacción de las autoridades escolares. Jaqueline acudió a la dirección del colegio en busca de respuestas y protección para su hijo, pero no recibió ninguna solución. En paralelo, el alumno denunció que algunos docentes utilizan las clases para atacar sistemáticamente al Gobierno de Javier Milei y promover un discurso partidario afín al kirchnerismo, lo que refuerza el clima de intolerancia ideológica dentro de la institución.
Frente a este escenario, el Gobierno Nacional no dudó en intervenir. A través de un comunicado difundido por el Ministerio de Capital Humano, se confirmó que el alumno y su madre fueron recibidos oficialmente. El posteo de la ministra Sandra Pettovello sintetiza el accionar estatal:
“Capital Humano recibió al alumno que denunció hostigamiento ideológico. Por instrucción del Presidente Javier Milei y en nombre de la Ministra Sandra Pettovello, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, recibieron al alumno Santiago y su madre, Jaqueline Lamas, para interiorizarse sobre el hostigamiento ideológico que el menor señaló haber sufrido por parte de otros alumnos, ante la inacción de docentes y autoridades. Los funcionarios tomaron nota del pormenorizado relato del joven y su madre para avanzar con las medidas correspondientes ante las autoridades del establecimiento educativo de la jurisdicción implicada. Se recuerda que para denuncias por acoso ideológico está habilitado el canal oficial del Ministerio de Capital Humano 0800-222-1197.”
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El subsecretario Alejandro Álvarez también se pronunció con firmeza a través de su cuenta de X:
“No vamos a permitir que esto ocurra. Vamos a defender a cualquiera que sea perseguido o silenciado por los enemigos de la libertad. La educación debe ser el lugar de la protección y la convivencia, no el lugar tomado por minorías autoritarias.”, narró.
Este caso reabre el debate sobre el adoctrinamiento ideológico en las escuelas públicas y deja al descubierto una preocupante cultura de intolerancia, promovida desde sectores docentes afines al kirchnerismo. La pasividad institucional contrasta con la contundencia del Gobierno de Javier Milei, que no sólo repudió lo sucedido, sino que activó los mecanismos necesarios para garantizar la libertad de expresión de los alumnos en todo el país. Santiago sigue en su casa, esperando una solución que le permita volver a las aulas con seguridad. Pero ahora lo hace sabiendo que no está solo: el Estado nacional le dio una respuesta clara, rápida y valiente.