La concejala Fernanda Gigliani (Iniciativa Popular) solicitó la derogación del decreto municipal que exime a los profesionales de presentar el certificado de aportes a sus colegios para obtener permisos de demolición, edificación y finales de obra. Argumenta que la medida debilita el control administrativo y la seguridad en la ejecución de obras particulares.
La concejala Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular, pidió que se derogue el decreto de la Municipalidad de Rosario que exime de la obligatoriedad de que los profesionales tengan que presentar el certificado de aportes a sus colegios como trámite para obtener permisos de demolición, edificación y finales de obra.
“La medida va en contra del resguardo de legalidad, el control administrativo y la seguridad del sistema de ejecución de obras particulares en la ciudad”, aseguró la edila.
Para Gigliani, los certificados de aportes no solo son una cuestión relacionada con los profesionales y sus aportes previsionales y de obra social, sino que van más allá: tienen que ver con controlar que los profesionales actuantes se encuentren debidamente habilitados, sin sanciones que los condicionen y que tengan las incumbencias necesarias para ejecutar los trabajos que se les encomienda. “Esto es fundamental, tiene que ver con la seguridad pública en una actividad de alto riesgo”, sostuvo.
“Si la Intendencia quisiera eliminar trabas burocráticas, lo que debiera hacer es mirar y corregir el funcionamiento al interior de las reparticiones municipales, que demoran meses en otorgar permisos de construcción y finales de obra, perjudicando ahí sí la dinámica de la construcción en la ciudad”, amplió la concejala.
“Contrariamente a lo que planteó el intendente Pablo Javkin, decimos que las certificaciones no constituyen una carga burocrática, sino una herramienta institucional clave para garantizar que los profesionales intervinientes se encuentren debidamente matriculados, habilitados y sin sanciones, resguardando así la legalidad del ejercicio profesional”, aseveró.
Para Gigliani, la supresión de estos controles implica, en los hechos, la eliminación de la capacidad del Estado Municipal de verificar el cumplimiento de obligaciones legales vigentes, debilitando su poder de policía en materia edilicia y administrativa.
La concejala acompañó, además, a arquitectos, ingenieros y distintos profesionales del sector, quienes explican que la medida elimina un requisito clave para permisos de obras y advierten sobre la pérdida de control institucional. “La simplificación administrativa no puede justificar la eliminación de controles sustanciales, especialmente cuando estos cumplen funciones de resguardo institucional, previsional y de legalidad”, concluyó.