La provincia realizó una nueva edición de la subasta de bienes secuestrados en el Salón Metropolitano de Rosario, con una amplia oferta de lotes y una participación histórica de inscriptos.
El gobierno de la provincia de Santa Fe llevó a cabo este jueves, en el Salón Metropolitano de Rosario, la quinta subasta de bienes incautados al delito, organizada por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad). El evento registró un récord de participación, con más de 5.400 personas inscriptas, incluyendo interesados de diversas partes del país.
El secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, destacó la magnitud del evento y su transparencia. «Esta es la subasta más grande de la República Argentina. Queremos que las personas que participan se sientan cómodas y seguras», afirmó. Agregó que los fondos recaudados se destinan a las víctimas, a la administración de la Aprad y a instituciones provinciales.
Por su parte, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, señaló que la iniciativa forma parte de una política integral contra el delito. El gobernador Maximiliano Pullaro remarcó el compromiso de la provincia en perseguir el delito, encarcelar a los delincuentes y reasignar sus bienes.
La oferta incluyó cerca de 150 lotes, con una amplia variedad de bienes y valores. Entre los artículos se encontraban automóviles, motocicletas, tecnología, un fondo de comercio y una aeronave. El lote de menor valor base fue una motocicleta Zanella de 50cc a $45.000, mientras que el de mayor valor fue una aeronave Cessna con una base de $50.000.000.
Figueroa Escauriza resaltó que esta diversidad hace de la subasta una instancia abierta para distintos perfiles, desde particulares hasta inversores. Además, enfatizó que el proceso se realiza bajo criterios de transparencia y acceso público.
Desde el inicio de la actual administración provincial, se han realizado cuatro subastas públicas previas, recaudando más de 3.500 millones de pesos. La Aprad es el organismo encargado de administrar los bienes secuestrados, buscando darles una utilidad social a través de su reasignación a instituciones públicas, subastas, compactación o donación a entidades de beneficencia.