El fiscal Sebastián Narvaja solicitó penas de hasta 13 años de prisión para Luis Herrera y familiares en una causa con 85 damnificados, acusados de maniobras piramidales y un perjuicio económico de unos 30 millones de dólares.
Una de las causas por estafas financieras que tuvo impacto en Rosario en los últimos años avanzó hacia la etapa de juicio oral. El expediente tiene como principal acusado al financista Luis Herrera, titular de ALyC Fernández Soljan S.A. El fiscal Sebastián Narvaja pidió 13 años de prisión efectiva para él, 9 para su hijo Ignacio, 5 para Diego Herrera y otros 5 para su esposa, Marcela Beatriz Fernández. También solicitó la inhabilitación comercial del grupo familiar.
La acusación fue presentada de manera parcial y urgente ante el vencimiento de los plazos de la prisión preventiva. Según la investigación fiscal, desde la firma Fernández Soljan S.A., habilitada como Agente de Liquidación y Compensación (ALyC), se habría montado una estructura para captar ahorros de inversores. Se ofrecía colocar el dinero en operaciones del Chicago Board of Trade, pero, según los fiscales, los fondos no se destinaban a esas inversiones, sino que se desviaban o integraban a un esquema con características piramidales.
De acuerdo con la acusación, para sostener la operatoria se entregaban resúmenes de cuenta falsos, liquidaciones periódicas apócrifas y documentación que simulaba operaciones en mercados internacionales. Los fiscales consideran que este tramo de la causa constituye una plataforma acusatoria autosuficiente para avanzar a juicio oral, aunque aclararon que la investigación sigue abierta.
Luis Herrera fue imputado en noviembre de 2022 junto a su esposa e hijos por asociación ilícita, estafas, administración fraudulenta y lavado de dinero. La investigación, iniciada originalmente por el entonces fiscal Miguel Moreno, calcula un perjuicio económico cercano a los 30 millones de dólares. En la causa hay 85 damnificados y se abrieron 58 carpetas judiciales.
Tras varios vaivenes en cuatro años, incluida una posible salida mediante juicio abreviado que no prosperó, la causa quedó encaminada hacia un juicio oral. Todos los acusados se encuentran con prisión preventiva, excepto Marcela Beatriz Fernández.