Un grupo de penalistas cuestiona la Orden Interna N° 20, que establece requisitos para las entrevistas con detenidos, por considerar que afecta el derecho de defensa.
Un grupo de abogados y abogadas penalistas de Rosario presentó este martes un hábeas corpus correctivo y colectivo contra la Orden Interna N° 20 del Servicio Penitenciario de Santa Fe. La normativa establece nuevos requisitos para que los defensores particulares puedan entrevistarse con las personas privadas de su libertad.
El recurso fue presentado ante la Oficina de Gestión Judicial (OGJ). Los profesionales denuncian que la orden, firmada por la Secretaría de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, afecta el derecho de defensa y solicitaron la intervención del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
La directiva dispone que los abogados particulares deben acreditar su designación como defensor técnico antes de ingresar a los penales, trámite que debe constar en los registros del interno. Para una primera designación, se exige presentar un documento firmado por un familiar del detenido o realizar un trámite previo vía correo electrónico con la unidad penitenciaria.
En el escrito judicial, los letrados sostienen que el Servicio Penitenciario no posee facultades legales para controlar el ejercicio de la abogacía ni para crear un registro paralelo de nombramientos, función que corresponde a la OGJ. Argumentan que la medida genera un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención al dificultar el contacto entre el abogado y su defendido.
Los firmantes también señalan que la disposición solo afecta a abogados particulares, excluyendo a los defensores públicos, lo que consideran un trato desigual. Subrayan que obstaculizar el contacto con los defensores de confianza podría vulnerar la Constitución Provincial y tratados internacionales de Derechos Humanos.
El recurso solicita que se remitan las actuaciones al MPA para investigar posibles delitos de usurpación y abuso de autoridad, al entender que la orden asume funciones de la OGJ. También pidieron una medida cautelar urgente para suspender la aplicación de la orden y la realización de una audiencia oral y pública.
Entre los profesionales que suscribieron el planteo se encuentran Antonela Travesaro, Rodrigo Mazzuchini, José Luis Giacometti, Franco Galazzo, Aníbal Rodríguez, Juan Ubiedo, Juan Pablo Castagna, Sergio Larrubia, Fiorella Pozzo, Enrique García, Jorge García Coupe, Pablo Bedouret, Natalia Rubio Molina, Mariano Cabrerizo, Mauro Tolotti, Elia Bollecich Masters, Candela De Marchi, Juan Ignacio Sosa Quinteros, Juan Pablo Mc Cormack, Romina Bedetti, Rosana Rizzo, Yamile Abdul Al, Adrián El Juri, Néstor Antenucci, María del Carmen Varela, Gonzalo Rucci, José María Villadelmoros, Cristian Ariel González y Patricia Guzmán.