Efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria realizaron un procedimiento en oficinas de una firma del sector, en el marco de una investigación por maniobras inmobiliarias con dinero de una organización criminal.
En el marco de una investigación por presunto lavado de activos, este miércoles se realizó un operativo en las oficinas de la inmobiliaria Grupo Roma, ubicadas en Ciudad Ribera (Puerto Norte, Santa Fe). El procedimiento, ordenado por la justicia, tuvo como objetivo recabar documentación vinculada a operaciones de compra y venta de terrenos que, según la pesquisa, habrían sido adquiridos por una organización narcocriminal en la zona de Rosario.
La medida fue dispuesta bajo la figura de «presentación de pedido judicial» y fue ejecutada por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), bajo directivas de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Según informaron fuentes judiciales, se buscaba documentación relacionada con el manejo de dinero y transacciones inmobiliarias.
La investigación se desprende de una causa iniciada en diciembre de 2025, cuando fueron secuestrados 53 kilos de cocaína en un domicilio de Rosario y detenidas 13 personas, acusadas de integrar una red de distribución de estupefacientes. En aquel operativo, los fiscales de la Oficina de Narcocriminalidad caracterizaron al grupo como una estructura mayorista vinculada a la banda «Los Monos».
En el curso de la pesquisa, se habría determinado que el grupo criminal utilizó empresas del rubro inmobiliario para el manejo de sus activos. Una de las hipótesis de la investigación apunta a que parte de los movimientos de dinero podrían estar conectados con un sindicato vinculado a la comercialización de granos.
En los allanamientos realizados en 2025 en el marco de la causa principal, se incautaron, además de la droga, más de 51 millones de pesos, 67 mil dólares, armas de fuego y vehículos. El juez federal a cargo de la causa había dispuesto prisión preventiva para los imputados y el embargo de sus bienes.
La investigación preliminar demandó once meses de seguimientos, intervenciones telefónicas y tareas de campo, lo que permitió identificar a los presuntos responsables de la organización y los movimientos financieros e inmobiliarios.