El Poder Ejecutivo presentó un recurso extraordinario para mantener la suspensión de la actualización de salarios y becas prevista en la norma, en medio de un conflicto que involucra a universidades nacionales.
El gobierno nacional presentó este viernes un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de mantener la suspensión de la Ley de Financiamiento Universitario, promulgada en octubre. La medida busca evitar, por el momento, la aplicación de los artículos que disponen la actualización de salarios del personal y de las becas estudiantiles.
El recurso se presentó en el último día del plazo para cumplir con una medida cautelar de segunda instancia que ordenaba la implementación de los aumentos. En lugar de aplicar los ajustes, el Poder Ejecutivo decidió acudir al máximo tribunal. La implementación de los artículos 5 y 6 de la ley 27.795 tiene un costo estimado en 2,5 billones de pesos.
El gobierno fundamenta su posición en la necesidad de garantizar el equilibrio fiscal. Inicialmente, mediante el decreto 759/2025, se había dispuesto la suspensión de la actualización hasta determinar el origen de los fondos necesarios, que en su momento se calculaban en poco más de un billón de pesos. Desde entonces, el monto se incrementó debido a factores como la inflación.
Por otro lado, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) manifestó dificultades para establecer un diálogo con el gobierno nacional para resolver el conflicto. Tras una vigilia de 24 horas en facultades públicas de todo el país, el presidente del CIN, Franco Bartolacci, confirmó la convocatoria a una nueva marcha federal para exigir el cumplimiento de la ley.
Recientemente, las autoridades universitarias presentaron un informe que alerta sobre la situación del sistema de educación pública de nivel superior. Según el documento, el poder adquisitivo del personal educativo habría caído un 32% desde noviembre de 2023, ubicando los salarios en el nivel más bajo de los últimos 23 años.