La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó al Gobierno nacional transferir recursos para el financiamiento universitario. El Ejecutivo anunció que apelará la decisión.
Este viernes vence el plazo establecido por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal para que el Gobierno nacional envíe fondos correspondientes a la Ley de Financiamiento Universitario. La medida judicial busca garantizar el cumplimiento de la norma, que dispone una partida para la actualización salarial de docentes y no docentes del sistema universitario nacional.
Fuentes oficiales indicaron que el Ejecutivo presentará una apelación este mismo viernes ante el mismo fuero, con el objetivo de que el caso sea elevado a la Corte Suprema de Justicia. El monto en discusión asciende a aproximadamente 2,5 billones de pesos.
La ley 27.795, sancionada por el Congreso en 2025, establece una recomposición salarial retroactiva y un mecanismo de ajuste automático, además de garantizar el funcionamiento de las universidades y programas asociados. Tras un veto presidencial, la norma fue ratificada por ambas Cámaras del Congreso.
El Gobierno intentó suspender su aplicación mediante un decreto, argumentando cuestiones de financiamiento y equilibrio fiscal. Sin embargo, el 31 de marzo de 2026, la Cámara de Apelaciones rechazó los recursos del Estado, considerando que el equilibrio fiscal no puede anteponerse al cumplimiento de leyes que protegen derechos constitucionales.
Paralelamente, el Poder Ejecutivo envió al Congreso un nuevo proyecto de ley de financiamiento universitario, que propone una recomposición salarial escalonada y elimina algunos mecanismos de ajuste automático previstos en la ley vigente.